Katerine aterrizó en Madrid hace 17 años. Venía desde Ecuador y pronto comenzó a trabajar como prostituta en la Casa de Campo. En 2004 se trasladó a vivir a Málaga donde ha ejercido como trabajadora sexual en el Polígono de Guadalhorce hasta que una ordenanza municipal ha acabado con su tranquilidad y la del resto de sus compañeras. Se trata de la Ley 36,5 relativa a la convivencia puesta en marcha en 2013 y gracias a la cual Katerine acumula tres multas. «No hay trabajo y vienen a molestar. Vienen todos los días y a todas horas y nos piden documentación. Muchos pretenden mandar a las chicas a sus países de origen», se queja la joven transexual al tiempo que asegura que, al igual que ella, la mayoría de sus compañeras tienen los papeles en regla.
La ordenanza prohíbe ofrecer servicios sexuales en la vía pública y a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros docentes, parques infantiles o donde se lleven a cabo actividades comerciales o empresariales. En este sentido, Katerine recibió la última de las denuncias el pasado 16 de febrero que marca un importe de 750 euros. «Nos persiguen y las chicas tienen que salir huyendo», explica la trabajadora sexual que reconoce que el número de clientes se ha reducido considerablemente desde que se incrementó la presencia policial a las afueras de la ciudad. «Hay colectivos que no pueden encontrar trabajo porque nos marginan», cuenta Katerine que añade: «Llevo años enviando currículums y no me han llamado porque no hay trabajo».
Por su parte, la Policía Local explica que desde la entrada en vigor de la controvertida ordenanza han sido muchas las denuncias que se han interpuesto. En este sentido, en el año 2013 fueron 907 las multas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública mientras que en el año 2015 fueron 361.
Asimismo, los requerimientos a clientes de las trabajadoras sexuales descendieron hace dos años un 65% con respecto al año 2013. En total, en el año 2015 las denuncias a los que solicitaron este servicio fueron 49, un 86,43% menos que las multas que recibieron las prostitutas.
En 2016 fueron 314 las denuncias interpuestas a prostitutas mientras que tan solo 31 multas fueron dirigidas a sus clientes. Por otra parte, los requerimientos por ofrecer servicios sexuales en la vía pública fueron 165.
Apoyo a las trabajadoras
Para ayudar a muchas de las féminas que han recibido una multa en la capital existen asociaciones como Mujer Emancipada. La organización lleva colaborando con trabajadoras sexuales desde su fundación en el año 1995 pero no fue hasta 2008 cuando pudieron establecer un espacio en la zona del Polígono de Guadalhorce. En este sentido, fuentes de la asociación cuentan que «hay picos de denuncias a lo largo de la semana». Esto, según Mujer Emancipada, se traduce en una reducción del numero de mujeres que trabajan en la zona y en un aumento de trabajadoras que acuden pidiendo asistencia legal. «Gracias al asesoramiento de un abogado ayudamos a las chicas a recurrir muchas de las multas», explican y confiesan que hace unos años había un silencio administrativo a este respecto pero que en la actualidad pueden llegar a hacer una segunda alegación e ir a juicio. «Hace poco una chica ganó una causa por este tema, el resto aún está en el procedimiento judicial». Asimismo, la Asociación Mujer Emancipada ofrece orientación laboral. «En algunas épocas del año hacemos cursos de formación con prácticas en empresa», añaden.
