El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, considera que el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, que prestan 62 letrados malagueños, debe formar parte del nuevo decreto que prepara la Consejería de Justicia e Interior para actualizar los baremos del Turno de Oficio.

«Es una reivindicación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria forme parte del Turno de Oficio. Al estar fuera, puede suceder como ya ocurrió en 2010, que la Consejería de Justicia suspendió la subvención; en Málaga, los abogados mantuvieron el asesoramiento sin cobrar nada, pero en muchos otros sitios de Andalucía no se prestó durante meses», dijo el decano.

Este servicio consiste en el asesoramiento a internos de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre sobre cuestiones penitenciarias en el propio centro, lo que sí subvenciona la Junta con 69 euros por asistencia; y la misma actividad en el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Marín Nieto, donde los presos cumplen las condenas de tercer grado, lo que no recibe el apoyo monetario de la Junta. «La consejería considera que el CIS no es un centro penitenciario y, por tanto, no entra dentro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria», explica el decano de los abogados malagueños.

Ello no tiene nada que ver con el asesoramiento del abogado privado del preso, quien le sigue llevando la causa penal por la que ingresó. Estos letrados se centran en aspectos únicamente carcelarios: las clasificaciones y reclasificaciones de grado, los permisos de salida, los traslados, las sanciones impuestas, etcétera...

En total, son 62 abogados (41 letrados y 21 letradas) los que prestan este servicio, de forma que en 2016 hubo 367 intervenciones en Alhaurín de la Torre y 189 en el CIS. «Si se tiene en cuenta que una asistencia en la prisión provincial se paga a 69 euros, se queda en nada si le quitas la gasolina, el tiempo de asesoramiento, la espera para entrar al presidido y la preparación de la reunión», reseña el decano, quien se queja de que encima, en el CIS, «no se paga nada».

Las guardias se realizan tres días por semana, lunes, miércoles y jueves, en Alhaurín de la Torre, y los martes por la tarde en el CIS. «Si hay que hacer un recurso penal, lo realiza el abogado privado del preso; si se le deniega un permiso, es el letrado del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria el que interviene», explica Lara.

«Es algo que no hemos parado de reivindicar desde años, como tiene que aprobarse el decreto que va a regular el Turno de Oficio, el nuevo reglamento y otras cosas como el baremo, es el momento de que el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria se incluya ahí», agrega.

Ahora, el pago de los honorarios a los letrados del Turno de Oficio está al día, aunque los abogados piden unas remuneraciones más altas. Asimismo, el Ministerio de Justicia ya anunció el pasado miércoles que a la Justicia Gratuita no se le aplicará el 21% del IVA, como pretendía el Ministerio de Hacienda basándose precisamente en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el mismo que resolvió sobre las cláusulas suelo.