La Fiscalía pide archivar la pieza de los funcionarios en los cursos de formación

Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas -al margen de esta principal de los funcionarios-. La mayoría de las diligencias referidas a las empresas ha sido archivada.

En esta pieza principal han sido investigados el que fuera entonces delegado de Empleo y director del SAE, Juan Carlos Lomeña, así como a la exjefa del Servicio de Formación para el Empleo Isabel Almendro y otros diez funcionarios, bien responsables de departamento o técnicos de seguimiento de los cursos concedidos. Para estos se ha pedido el archivo de la investigación.

Para la Fiscalía, "no existe delito de malversación de caudales ni de prevaricación ni cualquier otro tipo delictivo que pudiera encuadrarse en la parte especial del Código Penal", señalando en su escrito que "las sospechas que recaen sobre los investigados en esta pieza carecen de virtualidad suficiente para convertirse en verdadero elemento indiciario y, posteriormente, transformado en probatorio".

Así, se indica que "no se ha detectado un concierto entre todos los funcionarios integrantes de cada departamento para malversar o utilizar ilegítimamente fondos públicos", ya que eso "equivaldría a aseverar la existencia de una organización criminal que de manera coordinada y mediante la distribución de diversas funciones entre los integrantes hubiera tenido como objetivo defraudar".

Una hipótesis que para el ministerio público es "insostenible si se atiende a la meticulosa instrucción judicial realizada", al "no confirmarse relaciones personales de amistad o de cualquier otro tipo entre los beneficiarios de las subvenciones y los integrantes del órgano gestor", se precisa en el informe remitido al juzgado instructor.

Al respecto, se indica que sería necesario el acuerdo de "todos los integrantes de todos los departamentos del SAE en Málaga" y se incide en que aunque existiera algún interés concreto de algún funcionario en beneficiar a alguna empresa "estaría abocado al fracaso sin el acuerdo de la totalidad de los integrantes". Además, se señala que ha habido cambios de personal en algunas áreas.

"Lo que sí se ha comprobado es la existencia de una Administración pública con personal escaso para llevar a cabo el examen previo, control, seguimiento y verificación del correcto desarrollo de cada una de las actividades formativas en proporción a la enorme cantidad de dinero subvencionable y el alto número de cursos", según considera el ministerio fiscal.

En este sentido, se precisa que "sólo esta desproporción entre medios humanos y cursos subvencionados explica la no observancia de que algunos de los cursos no se hayan impartido". También se ha detectado, dicen los fiscales, "un vacío en el mecanismo interno del Servicio Andaluz de Empleo", ya que no se ha encontrado una normativa interna que clarificase las funciones de cada departamento, algo que "ha obstaculizado los distintos interrogatorios practicados".

Excepciones en la propia norma

Asimismo, se indica que la propia normativa que regula estas subvenciones "permite alguna de las irregularidades mostradas por la Policía", al apuntar que es "característico" en dicha orden que "a una regla general le sigue una excepción". En este punto, la Fiscalía se refiere a las sociedades no dadas de alta y a las que mantenían deuda con la Seguridad Social, concluyendo que "no existe ninguna irregularidad cuando la propia normativa permite lo denunciado".

En cuanto a la ausencia de inspecciones, de los interrogatorios y documental se confirma, señala el escrito, "la imposibilidad material y humana de que cada uno de los técnicos pudiera haber realizado un seguimiento mínimo de todos los cursos que le fueron encomendados para ello", ya que, se apunta, alguno tenía asignado más de 200 cursos, siendo en total 1.485 para ocho técnicos de seguimiento.

"Pretender atribuir una dejación de funciones a un funcionario ante una tarea cuya realización es irrealizable, no es admisible", señala el ministerio público, que, igualmente, descarta que la existencia de una orden "desde arriba" para no realizar tareas.

Tampoco se constata una concesión arbitraria e interesada de las ayudas, "sin que sea imputable penalmente la no existencia de un procedimiento interno que establezca los criterios de valoración de las solicitudes".

Igualmente, se rechaza una prevaricación omisiva, considerando que "no es tolerable la confrontación penológica entre la omisión de perseguir un delito con la que consiste en no perseguir una infracción administrativa". "Y como lo que no se ha evitado son infracciones administrativas", dicen los fiscales, no es aplicable ese tipo delictivo.

Asimismo, se añade que sólo se han detectado supuestas irregularidades en estos 31 expedientes, por lo que en el resto "se ha cumplido la legislación, por lo que no existen razones para recelar de que haya habido un interés por parte de la administración en colocarse intencionadamente en una situación de dejación de funciones en estos expedientes y no lo haya hecho con el resto", indicando que esta petición de sobreseimiento "guarda coherencia" con lo decidido en otros juzgados de instrucción andaluces.