El Ministerio de Hacienda no afloja. El departamento que lidera Cristóbal Montoro acaba de remitir un escrito a los ayuntamientos en el que exige todo tipo de detalles en torno a la previsión municipal de ingresos y gastos para 2018, 2019 e incluso 2020. Un curso, este último, que curiosamente ya pertenece al siguiente mandato. Se trata, según reconoce Carlos Conde, edil responsable de economía en Málaga, de una de las prácticas de control fiscal que se han vuelto habituales desde 2012, cuando el Gobierno, en pleno descalabro financiero, quiso aumentar la fiscalización de los municipios. Y, además, con una ley de supervisión severa, que no deja nada a la improvisación y que plantea penalizaciones para las localidades que ignoren las recomendaciones y actúen por su cuenta y sin aportar con regularidad la información correspondiente.

El objetivo de la medida, reforzada a nivel legislativo, era evitar que se repitiesen las situaciones de quiebra y de arbitrariedad que angustiaron las arcas públicas durante los años finales de la pasada década. Cinco años después de aquello, la medida ha dado resultado. La mayoría de los municipios han conseguido moderar sensiblemente su déficit. Incluso, hay administraciones que se han emplazado directamente en otra realidad financiera. Por eso muchos ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por el PP, reclaman que se levante el asedio y se ponga fin a lo que los críticos ya denominan como la canalización local del austericidio. En cualquier caso, los cambios no vendrán este año. Y menos si se tiene en cuenta el escrito, que mantiene la tutela financiera al detalle, con un listado de peticiones de datos exhaustivo, que incluye aspectos como la obligación de pormenorizar cualquier tipo de modificación de los presupuestos o de recaudación extra.

El escrito incorpora asimismo una serie de sugerencias destinadas a ayudar a los municipios a sanear sus cuentas. O dicho de otro modo, indica dónde aplicar los recortes, que, en opinión del ministerio, deberían orientarse a la reducción de personal, la eliminación de cargos de confianza, la disolución de empresas con pérdidas mayores a la mitad de su capital social o la disminución de los siempre polémicos contratos menores.

En el apartado de recomendación, el documento tampoco se corta a la hora de establecer pautas. Entre ellas, «subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias»; «potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados»; «correcta financiación de tasas y precios públicos» y «otras medidas por el lado de los ingresos».