Se hablaba de dificultades obvias. Algunas asociadas al vacío de poder y al letargo de la administración, reducida durante meses a poco más que su patrón burocrático. Sin embargo, las consecuencias se arrastran hasta este momento. Quince meses después de las primeras elecciones generales, el retraso en la formación de Gobierno sigue pasando factura a los municipios. Y, además, con un inconveniente añadido: la dificultad para alcanzar acuerdos, que ha provocado una disparidad entre el ritmo de avance de la legislatura en Madrid y en los ayuntamientos.

El ejemplo más evidente apunta al capítulo de los presupuestos. Al no haberse aprobado aún el borrador general para 2017, los municipios han tenido que elaborar su previsión prácticamente a ciegas. Y no precisamente en lo que respecta a detalles menores. La demora ha hecho que las localidades no sepan a ciencia cierta cuál será el techo de gasto que en la nueva política de fiscalización se les impondrá para este ejercicio. Un dato que condiciona toda la planificación. Y más si se advierte el régimen de exigencias de Hacienda, que obliga a someter al ajuste de guión hasta el último euro y proyecto.

Frente al desconocimiento del que será el nuevo tope, que depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cada ayuntamiento ha reaccionado de un modo diferente. En el caso de Málaga se ha apostado por regular toda la inversión financiera en función del techo de 2016. Eso significa que no puede haber grandes diferencias de gasto respecto al pasado ejercicio, a pesar de que la capital de la provincia es una de las localidades que más ha progresado en el capítulo de ingresos, con una subida superior a la media. Un remanente que, por ahora, no es posible utilizar. Y menos con la demora introducida por el Gobierno.