La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de la capital decretó en la noche de ayer libertad con cargos para los tres implicados en el tiroteo que tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo en la entrada de la Sala Época, en la capital. Uno de ellos eludió la cárcel tras hacer frente a una fianza de 3.000 euros.

Según fuentes de la Fiscalía, un individuo llegó a la puerta de la Sala Época y trató de entrar en la misma alegando que conocía a alguno de los propietarios, pero los porteros le dijeron que el negocio ya no estaba en esas manos, por lo que este llamó a dos de sus conocidos, que llegaron poco después a bordo de un Audi Q 7.

Estos se bajaron del coche con una escopeta que detonaron en dos ocasiones, de forma que ambos disparos impactaron en la fachada del edificio. Luego, los tres se metieron en el coche y salieron huyendo del lugar, pero la policía, ya avisada, los persiguió durante un buen rato.

Los agentes incluyeron en su atestado, incluso, que durante la persecución el Audi Q 7 les cerró el paso varias veces con el fin de impedir que les adelantaran e, incluso, intentaron echar al coche patrulla de la carretera. Buena parte de la huida discurrió por la Avenida Valle Inclán, aunque la misma acabó cuando se encontraron un semáforo en rojo y varios coches cerrándoles el paso.

Los funcionarios tuvieron que emplear la fuerza para reducir a los investigados, pues se negaron a salir del coche y a tirarse al suelo. El arma no fue hallada en un primer momento, pero hicieron el recorrido de la persecución a la inversa y hallaron cartuchos en una zona del mismo, junto a un arroyo. Los agentes creen que se deshicieron del arma y los cartuchos durante la fuga.

La juez les imputa un delito de tenencia ilícita de armas, otro de atentado agravado por el uso de un medio peligroso, el automóvil, así como un ilícito contra la seguridad vial, dado la gran velocidad a la que iban y los supuestos intentos de echar de la calzada al coche patrulla que los perseguía.

El abogado defensor de los investigados es el penalista Javier Arias, quien declinó hacer declaración alguna a este periódico por respeto a la investigación judicial.