El Ayuntamiento de Málaga aprobó este lunes la ordenanza que obligará en un plazo aproximado de seis meses, a contar a partir de abril, a identificar mediante pruebas de ADN a los perros. Una medida que se adopta con el objetivo de perseguir el abandono y mejorar la eficacia del control de deposiciones y cuyos costes añadidos, según pormenorizó el edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, serán compensados ampliamente con el cobro de las sanciones previstas.
El concejal del equipo de gobierno destacó el carácter pionero y de «vanguardia» de la normativa, enfoque en el que coincidió con el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, que si bien dijo no compartir la estrategia del uso del ADN, se mostró favorable al conjunto de la propuesta por lo que supone, en su opinión, de avance en la búsqueda del llamado «sacrificio cero». La presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en el Ayuntamiento, estaba prevista a nivel grupal, con representantes de todos los grupos políticos, pero finalmente se ausentaron todos menos el PP y Ciudadanos, circunstancia que Cassá lamentó públicamente.
La ordenanza de bienestar animal se acompaña igualmente de medidas para contener la reproducción indiscriminada y la compra impulsiva y por capricho; en este sentido se muestra favorable a la esterilización y a la adopción, que en Málaga será gratuita. Además, se suavizan las condiciones de acceso de los animales a los lugres públicos, con permisividad en todos los establecimientos salvo los que indiquen expresamente lo contrario o alberguen actividades relacionadas con la manipulación, la venta y el tratamiento de alimentos.
Al margen de este tipos de negocios, a los que se añaden los recintos deportivos y las sedes ocasionales de espectáculos masivos, donde tampoco se podrá asistir con animales, los locales que opten por impedir la entrada a perros o gatos deberán comunicarlo previamente a las autoridades y colocar un cartel en el que se avise a la clientela con información clara y situada en un punto visible. Los perros lazarillo quedan, de cualquier modo, eximidos.
A partir de la aprobación de la norma, que está pendiente de la ratificación en el pleno y la posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los propietarios de animales tendrán aproximadamente seis meses para cumplir con la exigencia de identificación genética en las clínicas veterinarias. La idea es que el censo sirva de control, tanto para los casos de abandono y maltrato, como para localizar a los dueños que eludan su obligación y no retiren los excrementos de la vía pública. Una negligencia cuya autoría podrá verificarse sin margen de error a través del cotejo de las muestras recogidas en la calle con la información compilada en la base general de datos.
El hecho de no inscribirse en el censo genético, controlado mediante la concesión de tarjetas y colgantes acreditativos, comportará una falta leve a la que se aplicará la misma multa con la que actualmente se penaliza la falta de rigor en la limpieza de los excrementos, que ronda los 130 euros. El Ayuntamiento ha aprobado una línea de ayudas para aquellos propietarios que tengan especiales dificultades para sufragar los gastos de las pruebas de ADN (en torno a los 35 euros, de acuerdo con el concejal).
En la rueda de prensa que precedió a la comisión de Medio Ambiente, donde se aprobó la ordenanza, Raúl Jiménez desligó la propuesta de cualquier tipo de interés recaudatorio e insistió en la necesidad de aumentar la protección y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía. El edil incidió en que la vía más eficaz para reducir los sacrificios consiste en evitar los abandonos.
La normativa despliega también una serie de medidas para reprimir la crianza descontrolada y las actividades potencialmente perturbadoras para los animales como la detonación de petardos o el exceso de ruido en las inmediaciones de los centros.
Otro de los aspectos novedosos, en este caso, sin parangón en Andalucía, es la referencia a la colonia de gatos asilvestrados o ferales, que todavía sigue sin tener reflejo en la legislación estatal y autonómica.
La nueva ordenanza se completa con medidas recientes aprobadas por el Ayuntamiento como la decisión de ampliar el perímetro del parque zoosanitario de Málaga y de establecer la adopción gratuita. Esta última iniciativa ha sido criticada por el Partido Animalista (Pacma), que alerta del riesgo de que la decisión municipal sea interpretada como una especie de llamamiento para la acogida «temporal» e «irreflexiva».
