El Ayuntamiento ha encontrado ya una solución «jurídica» al conflicto legal en el que se encuentra inmerso desde hace año y medio cuando un grupo de nueve aspirantes que quedaron eliminados en el tercer ejercicio de las oposiciones a 37 plazas de bomberos llevaron a los tribunales al Consistorio al considerar que hubo «arbitrariedad» por parte del tribunal en la valoración del tercer ejercicio al aplicar una valoración incorrecta. Hasta ahora ha habido dos sentencias y ambas favorables a los aspirantes y condenando al Ayuntamiento. En las dos sentencias el fallo es coincidente al señalar que hubo irregularidades en el criterio de valoración del tercer ejercicio que les perjudicaron, por lo que declaran «nulos y sin efectos» los acuerdos tomados en la calificación del tercer ejercicio y ordenan al Ayuntamiento que retrotraiga el proceso selectivo al momento de la calificación del tercer ejercicio y a partir de ahí continúe las distintas fases del proceso selectivo.

Y eso es lo que está dispuesto a hacer el Ayuntamiento por consejo de su asesoría jurídica. Va a esperar a que haya una próxima sentencia, que está al caer pues el juicio ya se celebró, y si el fallo, como se espera, es coincidente al de las anteriores, no la recurrirá, como ha hecho con las otras y, por consiguiente la acatará y la ejecutará.

Ello supondría que el resultado final de las oposiciones quedaría anulado y el tribunal volvería a convocar a todos los aspirantes que superaron el segundo ejercicio para que realicen el tercero.

Por supuesto, las 11 pruebas que componen el tercer ejercicio se valorarían de acuerdo con los criterios establecidos por los jueces en las sentencias ya emitidas.

El edil de Seguridad, Mario Cortés, señaló que «esta es la mejor solución pues se trataría de acatar y ejecutar la sentencia de un juez». La solución, sin embargo, supone poner patas arriba un proceso de oposiciones que ya se ha celebrado y que invistió como funcionarios a 37 bomberos que llevan desde agosto de 2015 con su plaza.

La solución que quiere adoptar el Ayuntamiento volviendo a repetir el proceso de oposiciones a partir del tercer ejercicio implicaría probablemente que varios de los que obtuvieron su plaza de bomberos pierdan su condición de funcionarios y que los aspirantes que quedaron expulsados, pero recurrieron judicialmente, puedan finalmente obtener una de las 37 plazas que estaban en concurso. El concejal considera que el problema que pueda acarrear esta solución «siempre será menos dañino que el que tenemos ahora, pues sería acatar la decisión de los jueces».