La deuda que el Ayuntamiento mantiene con Limasa subió en el 2016 a casi 22 millones (21.823.024), a pesar de que el año pasado esta deuda había quedado reducida a algo más de 3 millones tras liquidar en agosto 17 millones del saldo pendiente. Si finalmente la actual Limasa III se liquida este año para dar paso a otro contrato, el Ayuntamiento se verá obligado a abonar de golpe esos 21,8 millones.
Según se detalla en el balance de las cuentas anuales de Limasa, esos 21,8 millones corresponden al pago pendiente de certificaciones, algunas de 2015 y otras de 2016, y en su mayor parte a la compensación económica de los dos últimos ejercicios.
En el plano puramente político, la situación de Limasa volvió a airearse ayer tras varias semanas de silencio. Así, el alcalde, en respuesta a las críticas vertidas horas antes por Ciudadanos, IU y el concejal no adscrito, aseguró que la decisión sobre el modelo público o privado para Limasa se «tomará este año y cuanto antes».
Ciudadanos, IU y el concejal no adscrito habían arremetido minutos antes contra la aprobación de la prórroga del contrato que, a juicio de estos grupos, va a servir de excusa para que esta situación se prolongue indefinidamente.
De la Torre señaló que están a la espera de los informes solicitados a empresas especializadas sobre cuestiones numéricas, perspectivas de coste de un modelo u otro, seguridad jurídica del proceso, con el objetivo de «garantizar un sistema de estímulo a los trabajadores de Limasa que mejores su imagen así como la productividad, siempre dentro de unos costes contenidos».
Una prórroga indefinida
Horas antes, el portavoz del grupo de Ciudadanos, Juan Cassá, anunció que va a exigir, mientras se mantenga la prórroga de Limasa, una fiscalización absoluta de la cuentas de la sociedad ofrecida por los miembros de la intervención técnica designada por el Ayuntamiento para controlar y auditar la liquidación de la empresa. Cassá, que lamentó la aprobación de la prórroga del contrato, ha anunciado que exigirá que el consejo de administración de la empresa se reúna trimestralmente para controlar más exhaustivamente el desarrollo de las cuentas durante esta prórroga. Esa fiscalización debe incluir la inversión que tiene que hacer el Ayuntamiento para la reversión de bienes en perfecto estado o la inversión municipal necesaria en caso de hacer pública la empresa.
De manera más concreta, Ciudadanos va exigir al equipo de gobierno que aclare los datos que certifica que la compensación económica alcanzó en 2016 los 15,3 millones, un 57,3% más que en 2105. Cassá, que recordó que la compensación económica se articuló para amortiguar el aumento de los costes salariales sobre los inicialmente firmados, preguntará cómo es posible este crecimiento de la compensación si durante los últimos años la plantilla tiene el sueldo congelado.
También el grupo de IU Málaga para la Gente y el concejal independiente Juan José Espinosa hablaron ayer conjuntamente de Limasa para señalar que «la incapacidad» del alcalde para unir a su grupo en torno a la municipalización de Limasa va a suponer que la solución «se dilate» y que el PP deje «pudrir» el problema de Limasa hasta las próximas elecciones municipales, apoyándose en la prórroga recien aprobada.
Por ello, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, indicó que ambos grupos instarán al equipo de gobierno a que exija a los socios privados que cumplan con sus obligaciones mientras siga la prórroga y estas son acometer mejoras en la gestión territorial en los barrios; acometer inversión en maquinaria y equipos; gestionar el reciclaje, ya que la planta de tratamiento de residuos no funciona los fines de semana y el resto de los días lo hace con sólo dos operarios cuando debe contar con ocho.
