El Gobierno aprobó ayer la solicitud de extradición realizada por la República Popular China de tres ciudadanos detenidos el pasado mes de diciembre acusados de fraude telefónico desde chalés clandestinos, en el marco de la operación Wall. Esta decisión se suma a la petición de entrega aprobada el pasado mes de febrero contra un grupo de 269 personas detenidas en Madrid, Alicante, Barcelona, Málaga y Zaragoza por los mismos hechos.
Las 272 personas, acusados de un delito de estafa, son sospechosos de pertenecer a una organización internacional criminal especializada en fraudes telefónicos masivos a ciudadanos residentes en China operando en España desde chalés clandestinos, principalmente en Madrid.
La red criminal inició sus actividades en marzo de 2016 y actuaba por la noche para salvar la diferencia horaria con China desde una veintena de chalés, en urbanizaciones con difícil acceso y alejadas casi siempre de cascos urbanos. En estas viviendas se llegaba a concentrar una media de entre 20 y 30 ciudadanos chinos -principalmente, aunque también hay de nacionalidad taiwanesa- que a través de call center contactaban con las víctimas en el país asiático.
