El dueño de la sociedad que promovió la urbanización Majestic en Casares declaró este lunes en el juicio por el caso homónimo, contra la corrupción urbanística en el municipio, y lo hizo para asegurar que es una «invención» de varios testigos que la mafia rusa esté presente en la investigación. Asimismo, también afirmó que no ha pagado dinero al exalcalde Juan Sánchez, también acusado, por un supuesto trato de favor en la tramitación del proyecto.

«Yo nunca he pagado ni un duro al alcalde ni a nadie, por qué tengo que pagar a nadie», señaló. El fiscal le había preguntado antes si, como habían dicho varios testigos, su empresa recibía trato de favor y, cuando él entraba por la puerta del Ayuntamiento, «se le cuadraba hasta la Policía Municipal». El promotor, que tras la firma de tres convenios en la primera mitad de la década pasada renunció a seguir construyendo la urbanización tras venderla a una tercera mercantil, afirmó que es el Consistorio de Casares el que le debe dinero a él.

En los grupos de trabajo previos a la aprobación de los convenios, a veces estaba Juan Sánchez, pero lo que sí reconoció, a preguntas del fiscal, es que le concedieron la licencia de obra sin pagarla. Hoy, declarará el exalcalde.

En total, nueve personas se sientan en el banquillo, entre ellas este promotor que representará a un supuesto grupo criminal internacional, de origen ruso, dedicado al blanqueo de capitales. Hay otro miembro de esta banda que está huido de la justicia. Él, de hecho, admitió que compró el terreno y su intención era la de desarrollarlo, pero se desvinculó de la mafia rusa.

Antes, las defensas solicitaron la nulidad del procedimiento por vulneraciones de derechos fundamentales relacionadas con las intervenciones telefónicas, los registros y las investigaciones patrimoniales efectuadas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales 18 años y medio de cárcel para Sánchez, al que acusa de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.

A través de dos sociedades, se impulsó entre 2000 y 2006 la promoción Majestic, sobre el sector urbanístico del mismo nombre, y, para ello, «se articularon un total de cinco modificaciones urbanísticas». Dichas modificaciones, según el fiscal, fueron pactadas por el dueño de la sociedad que está acusado y por el que era en ese momento alcalde, que fue arrestado por este caso en mayo de 2012 y quedó en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza.

Al respecto, se indica que el exregidor concertó dichos convenios «con pleno conocimiento» de que perjudicaban al municipio, además de con «una elusión burda de la ley administrativa», ya que en un caso se aprobó el convenio «sin verificar datos elementales» y sin pedir informes al Ayuntamiento; y en otros hubo un aumento del número de viviendas y se firmó antes de aprobarse en pleno.

Asimismo, Anticorrupción sostiene que los responsables de las sociedades abonaron al exregidor entre 2004 y 2005 «diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros», con el fin de obtener «un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron», así como conseguir «notables beneficios económicos». Para dar apariencia legal a los fondos, incluso llegaron a comprar boletos de lotería a uno de los procesados por un total de 165.000 euros adquiriendo luego dos locales.