La demora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha devenido en una sorpresa negativa para Málaga. Este martes se conoció que la inversión prevista para 2017 ha contabilizado su peor registro histórico, con unas cifras que describen, de nuevo, unas cuentas a la baja: 136 millones de euros o un desplome porcentual del 43% si se compara con los 243 millones de euros que aportó el Estado en 2015, año en el que se aprobaron por última vez unos presupuestos generales, y que han estado prorrogados hasta ahora por el retraso en la formación de Gobierno.

Aunque nadie fuera de los círculos políticos se atreva a hablar de un asedio presupuestario a la provincia, el tejido empresarial y el sector de la construcción coinciden en calificar estas nuevas cuentas como «preocupantes» y «decepcionantes». Con el inconveniente añadido de que en Málaga ya se viene de registrar un desplome en las inversiones del Estado del 10,7% en 2015. Esto, sumado a la falta de partidas presupuestarias para obra pública y la ausencia de proyectos concretos, como puede ser el tren litoral hasta Marbella, amenaza con pasar factura y frenar a la provincia en su intento de salir de manera definitiva de la crisis.

Natalia Sánchez, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), se queja, sobre todo, de la «falta de inversión en obra pública» y asegura que ahora mismo es lo que más le «preocupa» al colectivo que representa. En efecto, la mayoría de obras que prevén los últimos presupuestos son proyectos que se han ido arrastrando durante varios años sin que se llegasen a concretar. Basta con mirar el destino de las principales partidas presupuestarias para reconocer a viejos conocidos como el centro penitenciario de Archidona o el acceso norte al aeropuerto.

Según reitera Sánchez, «todo lo que sea invertir en infraestructura equivale, también, en mejorar la competividad del territorio». Una premisa que ahora le hace advertir, precisamente, del riesgo de que la provincia se pueda quedar atrás y se condicione la posición de fuerza de Málaga con respecto a otros territorios. «Las empresas hemos hecho nuestros deberes y ya estamos planteando invertir, pues, ahora, se espera que el sector público haga lo mismo», pide Sánchez, además, que «el sector público se agilice».

El letargo de la administración y el patrón burocrático por el que se mueve el sector público son para Emilio López, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), otro elemento fundamental que hace que los presupuestos hayan resultado tan anémicos para Málaga: «Vemos como se sigue recortando en inversión, pero no se ha hecho nada por ahorrar en el gasto superfluo en las administraciones públicas». Uno de los máximos referentes del sector de la construcción en la provincia no duda en mostrar su malestar con unas cuentas que no duda en calificar de «decepcionantes» y que, asegura, no contribuirán para «crear empleo en un sector que depende tanto de la inversión pública como el nuestro».

Para López, quedan huérfanas de dotación presupuestaria actuaciones como «el tren litoral hasta Marbella, o las obras necesarias para evitar futuras inundaciones en la zona del Guadalhorce». En la misma línea, se mostró ayer el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (CEACOP). En un comunicado, advirtió de que «ya no hay margen para más recorte en la obra pública».

También se sucedieron ayer nuevas valoraciones a nivel político. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se limitó a considerar que «estamos ante unos presupuestos que no son ni buenos ni malos», mientras que el delegado del Gobierno en Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, manifestó que las cuentas del Gobierno «son una oportunidad perdida para la provincia». El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dijo «no estar sorprendido con la bajada de inversiones» para Málaga.