El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, pidió ayer a los responsables territoriales de entidades bancarias con presencia en Andalucía que se subsane el problema que origina el cierre de oficinas y cajeros en los pequeños municipios. La dinámica de cierre de sucursales bancarias en la que están inmersas desde hace años las entidades financieras ha provocado que en la provincia de Málaga, por ejemplo, un total de 17 localidades (el 16,5% del total de 103 que la componen) no cuenten ya con ninguna oficina en su término municipal, según datos recabados del sector por este periódico. Se trata de municipios de pequeña población y situados en la Serranía de Ronda y en la Axarquía.

Al encuentro asistieron Rafael Herrador, director territorial de Andalucía Occidental de Caixabank; Rafael Palacios, director de Banca de Instituciones en la Dirección Territorial Sur de BBVA; en representación del Banco Santander acudió Miguel Ángel Farfán, responsable de Banca Institucional y del Banco Popular, Luis Miguel Pelayo, director comercial de la Dirección Territorial.

La FAMP se ha comprometido a diseñar un mapa que muestre la situación real a escala del territorio andaluz a partir de la cual plantear posibles estrategias de actuación para hacer frente a las necesidades de los servicios bancarios en los pequeños municipios, «que en la medida de lo posible serán o no atendidas por las principales entidades bancarias», según indicó la federación en un comunicado.

La banca «debe estar en las grandes ciudades, donde hay más negocio, pero también intentar permanecer en esos municipios donde deben prestar servicio y mantener su excelencia empresarial», defendió Rodríguez Villalobos. En su opinión, es imprescindible que todo núcleo de población cuente al menos con un cajero automático y con un servicio de atención personal, aunque sea mínimo semanal, para atender a los vecinos que lo precisen.

Para ello, los ayuntamientos también pueden ofrecer colaboración para la prestación de estos servicios bancarios, apuntó el presidente de la FAMP.

Según datos del Banco de España, referidos a diciembre de 2016, los bancos y cajas han cerrado desde el año 2008 en Andalucía (cuando se alcanzó el máximo histórico de parque de sucursales) unas 2.400 oficinas y han reducido su red hasta las actuales 4.605.

En el caso de la provincia de Málaga, los bancos han clausurado en este tiempo casi 580 sucursales, lo que supone el 40% de las más de 1.400 que llegó a haber abiertas en 2008. Quedan ahora 829 sucursales operativas, con lo que la cifra de oficinas ha vuelto a los niveles que se manejaban en 1996. En el último ejercicio se han clausurado casi 80 sucursales y la tendencia a la reducción tiene todos los visos de prolongarse en los próximos años, según explican en el sector.

Las motivos que explican esta dinámica son variados. La causa principal es el proceso de reducción de costes y de ajuste de estructuras que iniciaron los bancos a partir del estallido de la crisis y que se aceleró a raíz de las múltiples fusiones de entidades que se produjeron en el sector, aunque fuentes financieras también aluden a la arrolladora incidencia de las nuevas tecnologías, que han provocado que cada vez más clientes realicen su gestiones desde el ordenador o el móvil y hayan dejado de acudir a las sucursales. La consecuencia es que los bancos han ido cerrando las sucursales de su red con menor rentabilidad, lo que ha afectado en mayor medida a los pueblos más pequeños, cuyos habitantes se ven obligados a desplazarse a otra localidad. Y voces del sector bancario opinan que en localidades de menos de 2.000 habitantes la decisión de las entidades para el futuro es transformar el servicio de oficinas hacia la estructura de agentes financieros.