El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga no ha pedido ni contratado todavía ninguno de los informes que el equipo de gobierno consideró necesarios para estudiar con rigor el modelo de servicio público o privado para la empresa Limasa.

Pese a que fue en las reuniones mantenidas el pasado mes de enero cuando el equipo de gobierno decidió solicitar los informes legales y económicos pertinentes para poder decidir sobre la municipalización de Limasa o mantenerla como una concesión privada, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, informó en la comisión del pasado lunes, a preguntas de la concejala socialista Begoña Medina, de que aún no se había contactado con ninguna empresa para contratar la realización de estos informes.

Estudios que serían necesarios para solventar las dudas que tienen los concejales del PP sobre cuál sería el mejor modelo a elegir entre público o privado.

Los informes servirían para aclarar qué tipo de empresa pública crear en caso de municipalizar el servicio; también sobre el tratamiento laboral que recibiría la plantilla en caso de crear dicha empresa pública. Además, se abrían otros interrogantes jurídicos, administrativos y laborales que esos informes deberían resolver.

El concejal Raúl Jiménez explicó tras la reunión que el retraso en la petición de esos informes se debía a «la imposibilidad de contratar a las empresas asesoras al no contar con un presupuesto aprobado». «Hasta hace unos días no hemos tenido presupuesto ni posibilidad de contratar». Jiménez añadió que a ello se ha sumado la «falta de interventor, pues teníamos uno suplente que se fue a Nerja y otro accidental que se ha jubilado». Señaló que ahora ya será posible contratar a esas empresas asesoran que «nos informes y resuelvan las dudas que tenemos».

En todo caso, el edil restó importancia al retraso y espera que el alcalde pueda cumplir el plazo que se ha dado públicamente de tener decidido el modelo para Limasa antes del verano.

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina mostró su indignación al conocer que aún no hay ningún informe pedido. «Desde enero que decidieron pedirlo, el que no lo hayan hecho resulta una especie de boicot al alcalde y una clara obstrucción a las exigencias del alcalde», manifestó.