­­El mismo día que cumplen 115 jornadas de encierro y 40 de huelga, la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga protagoniza hoy su segunda manifestación en apenas tres meses, ya que a finales de enero recorrieron las calles de la capital formando un cortejo fúnebre que no auguraba un gran futuro al cuerpo. Poco ha cambiado la situación desde que el conflicto estallara el 29 de diciembre con un encierro espontáneo provocado tras la imposición unilateral de la jefatura de servicio de un calendario laboral sin negociar con los trabajadores, como se había hecho hasta entonces.

Las banderas piratas comenzaron a ondear en los parques de bomberos y los vehículos antiincendios y algunas fachadas comenzaron a lucir incómodas pintadas para sus destinatarios, incluido el alcalde. Más allá de las formas y del contenido de una decisión que la plantilla nunca ha compartido por motivos operativos y de seguridad, la orden prendió definitivamente la mecha de las reivindicaciones históricas de un cuerpo que se siente desde hace muchos años discriminado respecto al resto de funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. Ellos las denominan «las tres R». Un nuevo Reglamento que sea consensuado con los trabajadores -el actual es de 1959-; la Regularización de la jornada laboral al entender que la suya es la mayor de España y deberían equipararla al resto de trabajadores del Ayuntamiento de Málaga; y la elaboración de un calendario de Reclasificación del colectivo de bomberos, como establece la Ley de Emergencia de Andalucía y así poder igualarse al resto de cuerpos de bomberos de la región.

El conflicto ha supuesto una ruptura total de la plantilla con el actual jefe de servicio, José Cruz; su mano derecha, Rafael Rueda; el director general de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad, Carlos Gómez-Cambronero, y el concejal de Seguridad, Mario Cortés, a quien atribuyen un «desconocimiento total» de la problemática del colectivo en función de las declaraciones que hace.

Los funcionarios responsabilizan a estos cuatro hombres de dar la espalda a una institución con 182 años de historia. «Son cómplices de una política de recortes del Ayuntamiento de Málaga, con el alcalde a la cabeza, que se está cebando con el Real Cuerpo de Bomberos. La falta de inversión durante los últimos años repercute directamente en la seguridad y los ciudadanos tienen todo el derecho a saber en qué condiciones se encuentra el cuerpo. Los bomberos están en peligro», asegura uno de los portavoces del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) antes de recordar que el presupuesto de este año es de 23,4 millones de euros, casi un millón menos que el año anterior.

La grieta entre la cúpula del cuerpo y los trabajadores no tiene precedentes. Prácticamente toda la plantilla ha solicitado al alcalde el cese de la jefatura por falta de confianza, pero el regidor no sólo lo descartó, sino que desde el inicio del conflicto ha mostrado una indiferencia absoluta hacia las inquietudes de la plantilla.

A principios de enero les concedió audiencia y les prometió diálogo y la creación de una serie de mesas de trabajo para abordar las reivindicaciones, pero lo único que ha recibido la plantilla es una catarata de expedientes disciplinarios y la amenza de repetir las oposiciones en las que 37 personas lograron su plaza de bomberos en agosto de 2015. Para muchos, esta amenaza viene a reconocer que en el tribunal que formó el propio Ayuntamiento para evaluar las pruebas de las oposiciones hubo «arbitrariedad» en la valoración de un ejercicio, tal y como ha concluido la justicia en dos ocasiones. «Suponemos que entonces buscarán responsabilidades en ese tribunal», aseguran desde el sindicato antes de valorar el poco interés de De la Torre en mediar en el conflicto: «Está claro que los problemas de los bomberos no le interesan tanto como los de Limasa, con los que siempre se implica más porque son más mediáticos».

Sin embargo, la estrategia de inacción municipal, lejos de apagar las llamas del conflicto parece alimentarlas con gasolina. Los bomberos, que no conocen la palabra desánimo, han sabido ganarse durante estos meses el apoyo de los ciudadanos e incluso, a excepción del PP, de todos los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Málaga. Tanto es así, que la situación de los funcionarios ha tenido un papel destacado en varios plenos con unos resultados sorprendentes para la historia de la democracia municipal.

A finales de marzo, la mayoría plenaria que representan los grupos del PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente instó por segunda vez al alcalde a que negociara de una vez con los bomberos, pero desde entonces no ha movido un dedo por acercar posturas con los funcionarios. La primera llamada de atención se produjo un mes antes en otro pleno en el que la oposición, también en bloque, reprobó la gestión del edil de Seguridad, Mario Cortés, y exigió la destitución del jefe de bomberos. Desde el principio, Cortés se ha escudado en que todo lo que reclaman los bomberos no es técnica ni legalmente posible porque forman parte del convenio colectivo que ya no se puede cambiar hasta la negociación del año que viene.

El pasado viernes, el propio concejal aseguró a este diario que el equipo de Gobierno no tiene previsto reunirse con el comité de huelga hasta que los bomberos abandonen las movilizaciones. En cambio, avanzó que la semana que viene el Área de Seguridad presentará las nuevas funciones del nuevo organigrama y su propuesta sobre la segunda actividad de los agentes. «Es a lo que nos comprometimos. Poner un jefe operativo y estructurar el servicio, ya que el asunto de la segunda actividad se tomó en acuerdo plenario», explicó.

Sin embargo, todo este tiempo también ha servido para que los bomberos levanten las alfombras de los parques y muestren algunas carencias que han dejado de piedra a los ciudadanos. Tras el incendio que se produjo en un octavo piso de Ciudad Jardín en el que un hombre murió y su madre fue rescatada in extremis con una autoescala, La Opinión de Málaga avanzó que el vehículo más alto de los bomberos que permite alcanzar los 42 metros de altura se encuentra inactivo desde agosto de 2015, aunque los cálculos del SAB suman casi 800 días fuera de servicio por diversas averías.

La alarma social que supone que los bomberos no pueden rescatar a personas a partir del décimo piso provocó que el propio alcalde interviniera para decir que ya ha ordenado la reparación de un vehículo que se compró hace diez años por cerca de 900.000 euros y cuya reparación costará en torno a los 120.000, 28.000 euros más del valor actual del vehículo que le ha dado el propio Consistorio.Medios

El SAB también lleva años denunciando la situación del Grupo de Rescate (GRES), en su día una de las unidades acuáticas más modernas del país. Su desmantelamiento ha dejado imágenes tan lamentables como la intervención que los agentes realizaron en junio de 2014, cuando rescataron un cuerpo en Sacaba Beach ataviados con bañadores convencionales y con un cabo que amarraron al cadáver para llevarlo hasta tierra mientras en los almacenes del cuerpo se descomponía y se descomponen varias lanchas y motores desde hace años.

Más frustrante para ellos fue la situación vivida a principios de año, cuando fueron convocados por los servicios de emergencia en la zona de La Malagueta después de que un hombre cayera al agua desde un espigón. La imposibilidad de usar el material acuático los convirtió en espectadores de un incidente en el que la víctima murió ahogada.

No menos llamativos son los cierres temporales de parques que el SAB ha denunciado ante la Fiscalía, ya que consideran una temeridad que instalaciones como las de Churriana o Mayorazgo se hayan quedado algunas fechas sin personal por motivos de formación de los agentes. O que los bomberos no tengan los medios adecuados para descontaminar los trajes de agentes cancerígenos tras las intervenciones en los incendios, situación que han denunciado ante la Inspección de Trabajo. O que los equipos altura no se revisen como exige la ley de prevención de riesgos laborales. O que se obligue a los bomberos a asumir tareas de superior categoría.

Vista la evolución, el conflicto parece lejos de encontrar una solución a corto plazo. «Estamos convencidos de que detrás de esta estrategia de desgaste está el alcalde, pero está profundamente equivocado. ¡Somos bomberos!».