­El valor catastral es un índice que las administraciones públicas utilizan para aplicar el pago de diversos impuestos, como el IBI y las plusvalías,a nivel municipal, y otros como el de sucesiones, a nivel autonómico. Y ahora el Gobierno central quiere que este valor sea más fácil de medir y de actualizar, para así adaptarse a los cambios constantes que vive el mercado inmobiliario. En ello ya está trabajando la Dirección General del Catastro, dependiente de Hacienda, que contempla esta modificación en sus objetivos para este año 2017.

«Se hace necesario acometer una reforma de los sistemas de valoración buscando su simplificación y flexibilidad, para conseguir conocer cuál es el valor de mercado los inmuebles, valor que sea la base de una política tributaria más justa», indica el Catastro en su memoria de objetivos anuales, en la que recuerda que el proceso de ajuste del valor catastral es ahora muy costos y se alarga en exceso, incluso por encima de los diez años que marca la ley. La meta es que el valor catastral esté adaptado a los precios actuales del mercado y que cada año los ayuntamientos puedan informar de si quieren subir o bajar sus valores, lo que se recogerá en los presupuestos del Estado cada ejercicio.

Para el ciudadano, sobre todo para el que comprara en los años del boom económico cuando los precios estaban disparados, esta medida puede ser beneficiosa, ya que ahora puede estar pagando el IBI y otros impuestos por un valor de su vivienda que está por encima del actual del mercado. En otros casos, si el ayuntamiento decide subir el catastro se pueden producir subidas en estas tasas, en aquellos municipios que no han actualizado su catastro desde hace más de una década.

Como resalta la Dirección General del Catastro, en estos tiempos los precios inmobiliarios «son muy poco estables» y en su evolución «existen altos niveles de incertidumbre», de ahí que se quiera evitar que se puedan aplicar valores que no estén adaptados a la coyuntura actual. A medio plazo, lo que se busca es que las administraciones puedan contar con una fórmula que les permita aplicar el valor catastrarl de forma individualizada según las circunstancias de cada inmueble.

Como ejemplo, ya este mismo año hay ayuntamientos que pueden aplicar la subida o bajada de sus valores catastrales, como publicó el pasado octubre el BOE. El Gobierno sólo les pone un requisito a estas localidades, que la última modificación catastral se hubiese producido más de cinco años atrás, es decir ante de 2012. En el caso de la provincia de Málaga son treinta municipios en los que se producirán este año cambios en el catastro, según el Boletín Oficial del Estado. Si bien, sólo en seis de ellos se registrará una subida del valor. Son Benahavís, Alcaucín, Álora, Periana, Fuente de Piedra y Frigiliana, que hasta ahora tenían unos valores de años previos a la crisis, en algunos casos de hace más de veinte años, por lo que sus índices subirán.

En los otros 24, con valores aplicados en los años más fuertes del boom inmobiliario, se vivirá una bajada del valor catastral a aplicar. Estos municipios son: Alfarnatejo, Algatocín, Almáchar, Alpandeire, Árchez, Benalmádena, Benamargosa, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Colmenar, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Montejaque, Pujerra, Tolox, Valle de Abdalajís y Villanueva de Algaida.

La última revisión catastral realizada hace ahora dos años ya puso de manifiesto que la crisis económica había reducido el valor del patrimonio inmobiliario de la provincia, como ya publicó este periódico. Entonces, en apenas un año el valor de lo construido había descendido en un global de 3.000 millones de ellos, prueba de la sobrevaloración que se dio en los años de bonanza.