La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó ayer proponer que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Málaga y Sevilla, asegurando la dotación «suficiente» de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

En un comunicado de prensa, el Alto Tribunal Andaluz informó de que el acuerdo fue aprobado por los votos de 23 de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir a la sesión. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno. Un miembro de dicho órgano se abstuvo.

En dicho voto particular, Del Río adujo que no concurren «circunstancias objetivas» para esa división en el momento actual y que, por tanto, el traslado «no contribuye a una mejor administración de justicia», por lo que, en su opinión, resulta más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, «sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento». Este acuerdo, en cualquier caso, y como todos los que se alcanzan en la Sala de Gobierno, se elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El respaldo del TSJA a una posible mudanza se añade a la concurrida campaña puesta en marcha tanto en Málaga como en Sevilla, que en los últimos meses ha unido a colegios de abogados, magistrados y políticos. Entre estos últimos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha insistido en más de una ocasión en que más allá de un problema meramente judicial se trata un tema de poder político, basado fundamentalmente en el rechazo de Granada -capital judicial de Andalucía- a perder peso administrativo.

La presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, y el juez decano de la capital, José María Páez, también han ejercido de voces reivindicativas. En este caso, recalcando la importancia que tendría para la provincia contar con la sala en cuestión. «Es necesario que se desplace una Sala a Málaga, porque tiene el suficiente volumen de trabajo como para que pueda funcionar aquí», opinó recientemente Páez. Ambos son partidarios de convocar una plaza más para Granada. Además, coinciden en reseñar que la cantidad y calidad de casos complejos que hay en Málaga justifican la necesidad de radicar aquí una Sala, que vería los casos incoados a partir de diciembre de 2015, cuando se aprobó la reforma legal.