En la edición número 23 del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) publicada en el año 2014, la institución reconocía la existencia de la palabra okupa escrita con «k». Lejos de asustar a los académicos, este uso aparentemente erróneo y llamativo de una de las últimas letras del abecedario definía una realidad cotidiana. Okupa significa «perteneciente o relativo al movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas y locales deshabitados».

Para los malagueños, al igual que para el resto de la sociedad española, este término no es desconocido. Comenzó a emplearse con la aparición de la crisis económica y la llegada de otro temido concepto: «desahucio». Esta palabra provocó que muchos de los antiguos inquilinos decidieran quedarse a vivir ilegalmente en el que un día fueron sus hogares. También fueron otros nombres como «burbuja inmobiliaria» los que dejaron miles de viviendas abandonadas y a trabajadores sin cobrar.

La Real Academia Española introdujo un nuevo término pero también dio visibilidad a un vacío legal que afecta a cada vez más propietarios, que gastan su dinero en alarmas, cámaras y hasta en vigilantes de seguridad para evitar que unos días de vacaciones se conviertan en una pesadilla.

El 83,32% de los andaluces considera que la legislación española actual beneficia a los okupas frente a los propietarios. Así lo hacia saber una encuesta elaborada por el Instituto Sondea para la empresa de seguridad Securitas Direct la pasada semana.

En este sentido, la muestra de 2.008 individuos residentes en España entre los 30 y los 65 años de edad refleja que un 81,13% de los mismos se siente desprotegido en el caso en el que alguien entre en su vivienda. Este porcentaje aumenta en Andalucía, donde un 84,93% de los encuestados considera que los trámites legales dificultan la salida de los okupas de sus viviendas.

Ante estos datos casi un 90% (89,86%) de los encuestados residentes en la comunidad autónoma considera que la legislación debería cambiarse inmediatamente. Asimismo, aunque la primera reacción ante una situación de ocupación sería llamar a la policía (76,71%), seguido del inicio de trámites legales (37,26%), un porcentaje de los andaluces (28,49%) optan por expulsar ellos mismos a los que han ocupado la vivienda ilegalmente, algo más que la media nacional, que se sitúa en un 27,14%.

La vivienda independiente se consolida, además, como la construcción «más fácil de ocupar», seguida de un bajo, un primer piso y un chalet, según los andaluces consultados. Por otra parte, las medidas más empleadas para evitar que unas vacaciones o una salida de pocas horas acabe dejando a los malagueños sin casa son una alarma o puertas blindadas. Tan solo un 21,64% de los andaluces opta por la vigilancia privada.

Aunque en la provincia no existen cifras y porcentajes exactos sobre el número de inquilinos indeseados, la realidad supera, en muchas ocasiones la ficción. La zonas más afectadas por este tipo de prácticas corresponden a localidades de la Costa del Sol como Estepona o Marbella donde,en los meses de invierno,una buena parte de las comunidades de vecinos se reducen a menos de la mitad. «El problema no es solo que se metan en las viviendas sino que negocian con ellas llegando a alquilarlas o se conectan al agua o a la luz comunitaria», comenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas en Málaga, Fernando Pastor.

El responsable de la entidad es consciente de las dificultades legales a las que se enfrentan comunidades de vecinos a la hora de tratar de expulsar a estos indeseados inquilinos. «Si hablamos de Estepona, los juzgados están como están y el tiempo medio de espera hasta que salga el juicio es de un año o un año y medio aproximadamente», explica Pastor.

La ocupación, incluso, puede llegar a extenderse durante más tiempo si no se siguen las recomendaciones indicadas. «Lo primero que deben hacer es intentar dialogar», comenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que sostiene que son muchos los okupas que conocen los vacíos legales que existen en torno a la legislación y que, por tanto, se niegan a hablar.

«Desde la comunidad de vecinos es difícil actuar. Lo que hay que hacer es localizar al propietario, que es el que tiene que poner la denuncia en comisaria. Si el okupa no se va, habría que iniciar una demanda civil de desahucio por precario», dice Pastor, que recomienda a las comunidades de vecinos que pierdan a sus habitantes durante el invierno «que tomen medidas de seguridad».

La Ley de Propiedad Horizontal no estima nada sobre este movimiento, lo que obliga a los afectados a actuar por lo civil.

«No tenemos control sobre esto porque es una ilegalidad total», apunta el presidente de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Málaga, Cayetano Rengel, que estima que este es un conflicto que debe resolver la Administración. «Es cierto que muchas de estas personas tienen problemas pero, bajo mi punto de vista, se debe ocupar el Estado y no un particular», sostiene Rengel insistiendo en la ilegalidad del acto. «Esto origina no solo un problema social grave sino que también afecta a la economía del país», sentencia.