La plataforma Granada por el TSJA ha convocado una manifestación el 21 de mayo para pedir que la nueva Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz se quede exclusivamente en la capital nazarí, después de que la Sala de Gobierno pidiera por mayoría de votos que se desplacen secciones del órgano, que resolverá en segunda instancia todas las apelaciones contra las sentencias penales de las audiencias en un paso anterior a la casación del Supremo, a Sevilla y Málaga. Sin embargo, el ministro de Justicia explicó que la Costa del Sol tendría sala desplazada si los datos lo justifican, algo que es patente sólo con echar un vistazo a las cifras: la Audiencia Provincial de Málaga es la que más casos registra de todas las andaluzas, casi 20.000 a fecha de 25 de abril.

Mientras que en Granada la sociedad civil y los partidos políticos se han movilizado para exigir que no se desplacen salas a Málaga y Sevilla, en la capital malagueña las aguas parecen más tranquilas y, salvo una declaración institucional del Ayuntamiento, la postura del alcalde, Francisco de la Torre, y la inquietud del Colegio de Abogados, a pocos parece importarle que Málaga se quede sin este órgano. El juez decano, José María Páez, y la presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, dieron incluso una rueda de prensa para exigir que viniera la Sala de lo Penal a Málaga o, al menos, una sección, pero la Junta de Andalucía insiste en que la capitalidad judicial debe permanecer en Granada.

El diputado del PP por Málaga Avelino Barrionuevo, procurador de profesión, critica «la injerencia» de la Junta y que Lorenzo del Río, presidente del TSJA, emitiera un voto particular contra la decisión mayoritaria por la que optó la Sala de Gobierno. «Es cierto que el Estatuto de Autonomía establece que la capital judicial es Granada, pero también dice que puede haber salas desplazadas; además, hay precedentes con las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo que existen en Sevilla y Málaga».

Por otro lado, recuerda que si los tiempos avanzan con la premisa de acercar la justicia al ciudadano, «no es de recibo que abogados y clientes deban hacer 129 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta» para las vistas de los recursos.

«El problema no es sólo que Málaga es la Audiencia Provincial con más asuntos, sino que son complejos, hablamos de macrocausas como Malaya o Minutas», subrayó el diputado popular, quien insiste además en que hay un edificio en el Muelle Heredia, actual sede de las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo, que podría acoger perfectamente la sección desplazada de la Sala de lo Penal, ya que ahora está infrautilizado.

Pese a todo, y con Granada echando toda la carne en el asador, la decisión sobre si se desplazan salas o no a Sevilla y Málaga, sin que la capital nazarí perdiera nunca la capitalidad judicial, es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que ha de decidir y la decisión, pese a que aún no está clara, podría ser perjudicial para la capital costasoleña si las fuerzas vivas de la ciudad no se suman a una reivindicación que es clave en términos de peso político y administrativo en Andalucía.