El Consejo de Universidades, que integra a los rectores españoles y a los responsables del Ministerio de Educación, ha aprobado limitar la implantación de nuevas carreras de tres años a los títulos que sean nuevos. Es un primer paso para abrir el camino al polémico decreto 3+2 (tres años de grado y dos de máster) que tanta polvareda sigue levantando aún hoy tras su aprobación por el Gobierno en 2015. Sin embargo, las universidades andaluzas tienen claro, y así lo evidenciaron ayer una vez más, que rechazan este modelo y que mantendrán en todo caso el sistema de 4+1, como acordaron en su día con la Junta de Andalucía.

El rector de la UMA, José Ángel Narváez, que asistió ayer en Madrid a esta reunión del Consejo de Universidades, destacó que lo que se ha hablado y se ha aprobado es un decreto que regulará los grados actuales. «Habíamos llegado hace tiempo a un acuerdo con el Ministerio para proteger los grados que tenemos ahora. Para ello, se ha elaborado un catálogo como anexo al decreto que impide que se puedan hacer grados de tres años en cualquiera de esas temáticas. El Ministerio coincide en la preocupación de que algunas universidades quieran tunear algún grado actual para hacerlo pasar por una nueva carrera de tres años», explicó Narváez, quien informó de que el Ministerio se ha comprometido a «estar alerta para que eso no ocurra y garantizar la homogeneidad» en todas las instituciones y regiones.

El decreto, por tanto, y a pesar de la polémica suscitada, no se ha derogado. Pero ante eso, lo que la CRUE (los rectores) ha logrado es «proteger lo que hay ahora mismo con este aura para que no exista una falsificación de los grados», señaló el rector de la UMA, quien insistió en que las universidades públicas andaluzas «vamos a mantener el sistema de 4+1 y no vamos a implantar ningún grado de tres años». Es decir, no se van a crear en Andalucía nuevas carreras que sean de tres años.

Del mismo modo, en el Consejo de Universidades los rectores han vuelto a reclamar al Ministerio que modifique el sistema de becas y se han vuelto a posicionar en contra del borrador del decreto de becas para el próximo curso 2017-2018, después de que el Gobierno no haya atendido estas reclamaciones que insistían en bajar la nota media para el acceso a las becas generales de 5,5 puntos al 5, entre otros aspectos. La CRUE también solicita que los alumnos que suspendan no tengan que devolver el importe recibido de las ayudas. O que las becas incluyan también a los alumnos no presenciales. También que los estudiantes que tienen que desplazarse accedan a una beca completa.

Narváez señaló que el Ministerio se ha opuesto achacando «una situación de pacto por la educación y no es el momento de cambiar el decreto».