El espinoso proyecto de rascacielos en el puerto ha despertado dudas respecto a aspectos diversos denunciados por la Academia de San Telmo, la Academia Malagueña de las Ciencias y por el colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte. Numerosos profesionales del sector y especialistas en el tema han ido enriqueciendo posteriormente en prensa el argumentario crítico contra el proyecto: la chapucera forma de hacer urbanismo a contramano, esto es, primero aceptando inversiones, y después planificando exprofeso, la perversión del procedimiento jurídico-administrativo empleado, la opacidad del supuesto concurso arquitectónico, la inexperiencia en el sector hotelero del grupo inversor, los problemas de tráfico que generaría, las molestias infinitas durante el periodo de construcción y sus repercusiones negativas en el turismo de cruceros y en sector comercial y hostelero de la ciudad, los posibles riesgos ambientales asociados, y un largo etcétera, son, entre otros, aspectos que sugieren grandes incógnitas, cuando no grandes sospechas, respecto a los también grandes intereses que mueven el proyecto, y, sobre todo, respecto al papel que las Administraciones deberían jugar en esta cuestión tan controvertida.
Uno de los asuntos que ha despertado una preocupación más palpable entre los malagueños es el contundente e irreversible impacto que generaría el rascacielos en la imagen de la ciudad. La publicación de cómo se vería el rascacielos desde distintos puntos de la bahía y la ciudad ha alertado a la población de lo que se le venía encima. Y el tema del impacto sobre el paisaje se ha convertido en uno de los puntos a debatir y a evaluar.
El impacto visual. Una cuestión que preocupa en este punto es la siguiente: el procedimiento de evaluación del impacto sobre el paisaje, regulado por la LEIA, la GICA y el Convenio Europeo del Paisaje, está concebido para que la Administración, en calidad de Autoridad Ambiental, proteja el paisaje, como patrimonio común, respecto al daño que puedan infligirle los intereses particulares del promotor privado. Protege, por tanto, el interés común, el de la mayoría, frente al particular. Por ello, para la Administración pública no valen las posturas equidistantes. Interés general, frente a interés particular: no hay otra.
Sin embargo, en este caso, todo el procedimiento esta considerablemente viciado. Por empezar por alguna parte, la autoridad portuaria ha encargado, y pagado con dinero público, un Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de Elementos del Plan Especial del Puerto antes de la aprobación del DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios). Ante esta llamativa e inédita maniobra de lo que podríamos llamar «urbanismo preventivo», surge una pregunta: si finalmente no se aprobara el DEUP, ¿sería dinero público perdido?
Por otra parte, los estudios de impacto ambiental se realizan habitualmente por consultoras privadas, por encargo del promotor del proyecto. Habida cuenta que es el promotor del proyecto el que paga el informe, el técnico consultor privado, con frecuencia, procura utilizar estrategias que disimulen en lo posible el impacto que la actuación genere. Estas circunstancias explican por qué el informe encargado por la Autoridad Portuaria a una consultora privada afirma el hecho milagroso de que un rascacielos de la altura de Gibralfaro ¡no produce impacto sobre el paisaje! Asombroso. «Estos son nuestros principios», decía Groucho Marx. «Y si no les gustan, tenemos otros.»
El papel de los técnicos. Por estas cuestiones, la Autoridad Ambiental es la que tiene la responsabilidad de juzgar el rigor del informe, y solicitar, si fuera necesario, un documento más serio, o más completo. Y es la responsable, en definitiva, de declarar el impacto como admisible o rechazable. Despierta cierto recelo pensar que la Autoridad Ambiental que evaluará el impacto del rascacielos sea de idéntico signo político que la que avala y promociona con afán desmedido el proyecto del promotor privado, tanto si es el caso del Ministerio y el Ayuntamiento, como si es el de la Junta de Andalucía y el presidente de la Autoridad Portuaria. En estas circunstancias, cabe reflexionar ¡qué comprometido el papel de los técnicos que tendrán que evaluar el impacto! ¡Qué difícil rechazar un proyecto que se está apoyando de forma tan expresa y tan llamativamente unánime por parte de administraciones de tan distinto signo político! La situación, por todos estos motivos, y por los intereses que rodean el caso, produce, inevitablemente, cierta inquietud respecto a la independencia futura de los dictámenes.
Desde esta inquietud, en el caso del rascacielos del puerto cobra especial trascendencia el que los ciudadanos reclamemos que el procedimiento de evaluación del impacto ambiental sea transparente, y que el informe técnico se encargue a instituciones serias, científicas, ecuánimes y, sobre todo, desinteresadas. Estudios de impacto que sean rigurosos e independientes, sin vinculación con los intereses de los promotores del proyecto. La trascendencia de la actuación lo merece. Esperemos que el informe detallado de visibilidad que el Pleno del Ayuntamiento aprobó realizar sea encargado también a un organismo serio e independiente, que no se juegue nada en el asunto. En Andalucía contamos, además, con el que puede catalogarse como centro de investigación aplicada especializado en paisaje más prestigioso de España. El Centro de Estudios Paisaje y Territorio, dirigido por Florencio Zoido, es un referente a nivel europeo, por sus rigurosos trabajos sobre paisaje y por el indudable protagonismo que tuvo su director en la redacción del Convenio Europeo del Paisaje. Un avance trascendente y decisorio en esta línea de incorporar transparencia y ecuanimidad al procedimiento de evaluación del impacto del rascacielos será el informe sobre el tema que elabore ICOMOS-España, organismo internacional asesor de UNESCO, con especial protagonismo en los casos de lugares Patrimonio de la Humanidad, que, a petición del colectivo ciudadano rphotel de p, ha aceptado analizar el caso y elaborar un dictamen.
El bien común. En resumen, esperemos que las administraciones ejerzan su deber de protección del paisaje, el bien común, con transparencia e independencia, sin presiones y sin prisas. Esperemos que, dado que lo que se juega la ciudad es mucho, encarguen estudios a instituciones serias, no a la empresa que puje más barato. Esperemos que evalúen el impacto con criterios ecuánimes, rigurosos, científicos. Esperemos que, como Administración pública, actúen, como es su obligación, como promotores del paisaje, el bien público a proteger y a preservar, y no como promotores del rascacielos. No sea que se diga que son parte interesada.
*María Jesús Perles Roselló es profesora de Evaluación de Impacto Ambiental.
Universidad de Málaga
