El joven Francisco Molero, que debe ingresar en unos días en prisión para cumplir una pena de cinco años por los incidentes tras participar en la primera manifestación Rodea el Congreso en 2013, lamenta que tenga que entrar en la cárcel tras agotar todas las opciones para evitarlo. Molero, que previsiblemente tendrá que ir a prisión el 19 de mayo, manifestó que siente «rabia, indignación e impotencia» ante esta situación, pues siempre se ha considerado inocente de los cargos que le imputaron y denuncia que no tuvo un proceso justo, lo que le duele más que la propia pena. «Es increíble que esté pasando esto», afirma Molero, al tiempo que sabe que también le ha ocurrido lo mismo a más personas en otros momentos y cree que él ha acabado así porque su abogada de oficio «no hizo el trabajo que tenía que haber hecho», al contrario que su actual defensor, que evitó condenas a los detenidos junto a él.

Francisco Molero relata que en abril de 2013 quedó con unos amigos en Madrid cuando se desarrolló la manifestación cerca de donde se encontraban, lugar en el que empezó a aparecer «gente sospechosa, muy corpulenta, encapuchados y vestidos de negro que comenzaron a zarandear vallas y a tirar objetos a los agentes de policía». Los antidisturbios cargaron contra los manifestantes pacíficos cuando los violentos desaparecieron, según sostiene, tras lo que se separó de sus amigos y fue detenido junto a otras personas.

Molero fue absuelto en un principio junto al resto de arrestados, pero meses más tarde su caso se reabrió y asegura que se vio «indefenso» en la investigación previa al juicio, en el que la única prueba presentada, según él, en su contra fue el testimonio de tres policías que aseguraron que el joven les tiró piedras y los hirió. «Me quedo sorprendido de esas declaraciones de los agentes», manifiesta, pues explica que había muchos individuos que lanzaban objetos contra la autoridad y añade que los testimonios de los agentes se contradicen en cuanto a la distancia a la que se encontraba y la gente que le rodeaba. Sus padres son mayores, están enfermos y dependen del joven, que es un parado de larga duración integrante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), viven esta situación «con mucha tristeza», especifica, ya que todo esto «los está matando, más que por la condena por un proceso injusto».