La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente exigieron ayer el «máximo respeto» a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acordó proponer el desplazamiento de dos secciones penales del Alto Tribunal Andaluz a Málaga y Sevilla.

En un comunicado conjunto, estas tres asociaciones judiciales salieron así al paso de las reacciones contrarias a dicho acuerdo, aseverando que, «siendo legítimo discrepar de lo acordado, no lo es hacerlo con descalificaciones arbitrarias (se ha llegado a hablar de que ´intereses inconfesables´ han provocado el acuerdo), menos aún cuando esas críticas provienen de otras instituciones públicas». Por este motivo, piden al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que «salga al paso de las críticas injustificadas vertidas contra una Sala de Gobierno que preside».

Estas tres asociaciones de jueces señalan que, «por propia definición legal», las salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia «tienen atribuido el ejercicio de competencias para organizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales bajo su responsabilidad». De este modo, «todos los integrantes de las salas de Gobierno representan a los jueces y magistrados de su territorio, quienes a su vez eligen en votación directa a la mitad de aquéllos», añaden las asociaciones, que indican que, a la hora de adoptar sus decisiones, «como órgano democrático que es», los acuerdos de la Sala de Gobierno «se forman por mayorías». Así, precisan que sus respectivos presidentes «solamente tienen voto de calidad en caso de empate», y agregan que, en ejercicio de tales funciones, fue acordada por la Sala de Gobierno del TSJA la constitución de sendas secciones desplazadas en Málaga y Sevilla.

Por su parte, CCOO aseguró ayer que la capitalidad judicial de Granada no sirve como argumento para que las sedes de lo Penal del órgano no se desplacen a Málaga y Sevilla, según CCOO. José María Vico, miembro de la comisión de Justicia de CCOO de Andalucía, explicó que «es un argumento sin sustancia peregrina» y abogó por emplear «criterios objetivos» en la decisión de dónde se localizarán las seis plazas de magistrado aprobadas por el Gobierno central.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, por su lado, dijo que la Junta entiende que haya «discrepancias» en relación con el traslado o no de las sedes de lo Penal del TSJA, pero insistió en que el Estatuto de Autonomía sitúa la capitalidad judicial en Granada. «Ya dejamos clara nuestra posición, queremos cumplir el Estatuto de Autonomía, simple y llanamente», aclaró.