La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, en las ventas de viviendas con pérdidas ha creado un serio problema a los ayuntamientos, sobre todo porque obliga al Gobierno a modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El Ayuntamiento de Málaga, según informó ayer el portavoz, Carlos Conde, estudia ahora ese fallo con el fin de avanzar una solución satisfactoria para los ciudadanos, aunque parece difícil, según los expertos, saber quién y cómo se va a devolver lo abonado de más y cómo se tasa la suma.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio avanzará hoy qué medidas va a implementar para ofrecer una solución a los ciudadanos, después de que los técnicos de Gestrisam hayan pasado mañana y tarde, a lo largo de los últimos días, estudiando la sentencia, que podría afectar en Málaga y provincia a más de 35.000 viviendas transmitidas de 2013 a 2016, según un informe de la consultora Tinsa.

«Nos produce cierta indefensión jurídica, porque la sentencia le indica al Gobierno que debe regular mejor el impuesto con un cambio en la normativa, estamos estudiando el fallo para avanzar una solución, pero es algo muy complejo. Hemos cruzado muchas llamadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ya estamos cerca de ofrecer una alternativa», precisó, emplazando su comunicación para el lunes o el martes, pero finalmente parece que el equipo de gobierno podría anunciarla hoy.

Ayer, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María del Carmen Moreno, exigió al equipo de gobierno que facilite a los malagueños los cauces para acceder a la devolución de cantidades del impuesto en aquellos casos en los que afecte a terrenos o inmuebles «en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia», como ha establecido el TC, y que intente actuar para que estas reclamaciones no lleguen a los tribunales.

Además, el PSOE exigió al Gobierno, «como partido profundamente municipalista, que compense a los ayuntamientos la pérdida económica que esta modificación del impuesto y de la Ley de Haciendas Locales. «No vamos a permitir que este cambio afecte a las arcas municipales y que, por lo tanto, ponga en riesgo de deterioro los servicios municipales. El Gobierno de Rajoy debe dotar a los municipios de los ingresos necesarios ante las pérdidas».