El Ayuntamiento de Málaga ha decidido suspender el cobro del impuesto de plusvalía desde ya en todos los casos donde en la operación de compra venta no exista un incremento del valor del suelo. El anuncio lo hizo ayer el concejal de Hacienda, Carlos Conde, que explicó que de esta manera el Ayuntamiento, a través de la empresa de recaudación municipal Gestrisam, se anticipa en la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional y antes de que el Gobierno Central desarrolle la legislación en torno al futuro de este impuesto. Conde explicó que se trata de que «no haya perjuicio para el contribuyente malagueño, y especialmente para las economías más débiles». El de Málaga es el primer ayuntamiento de España que toma esta medida.
Con todo, Conde precisó que de las consecuencias de la sentencia se beneficiarán mayoritariamente las grandes empresas y corporaciones, en especial las ligadas al mercado de la construcción, que son las que realizan estas operaciones sobre el suelo.
No hay cálculo
Paralelamente y para los casos de los años anteriores y ya pagados, el concejal de Hacienda recordó que Gestrisam tiene abierto un registro al que pueden apuntarse todos aquellos que estimen que han pagado la plusvalía aunque la venta ha sido a pérdida, para que, aportando la documentación requerida y justificativa, puedan reclamar su devolución.
Hasta el momento hay algo más de 550 reclamaciones presentadas y están a la espera para que en el momento en que se produzcan las reformas legales necesarias para dar debido cumplimiento a los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento realice las actuaciones necesarias para regularizar definitivamente la situación tributaria de recibos ya cobrados en años anteriores.
El responsable de la hacienda municipal, al que acompañaba el gerente de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, explicó que resulta imposible calcular el número de expedientes que se verán afectados por la sentencia en Málaga. El Ayuntamiento ingresó en 2016 algo más de 60 millones de liquidación por la plusvalía.
Conde aclaró, no obstante, que la mayoría de los casos en que no haya un incremento por la venta de suelo se produce en la transmisión inter vivos, «pues está claro que hay una venta y una compra»; pero en los casos de plusvalía mortis causa (por herencia), aunque el bien haya perdido valor real, para el que lo recibe supone un incremento.
Pese a ello señaló que en Málaga la repercusión en términos de pérdida de ingresos será «bastante inferior» al de otros ayuntamientos al tener aquí un tipo impositivo bajo, un reglamento de ayudas y subvenciones y haberse producido una rebaja del 22 por ciento en el impuesto que se efectuó en 2015.
Reclamaciones
Todas estas medidas tienen un carácter preventivo, ya que se está a la espera de que el Gobierno legisle de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por su parte, el director gerente de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, informó que desde la puesta en marcha del registro de reclamaciones de la plusvalía en en febrero dentro del programa 'Gestrisam Solidario', entre 550 y 600 personas han presentado documentación para alegar el cobro de su plusvalía. Esta medida se puso en marcha a partir de una propuesta presentada por el grupo Ciudadanos.
Añadió que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que «no tiene efecto jurídico». No obstante, aseguró que «nos hemos adelantado, siguiendo las instrucciones del concejal, y tenemos cobertura jurídica suficiente para que estén todos los ámbitos controlados para que el ciudadano y las fuentes financieras del Ayuntamiento tengan garantías».
Mientras, otros muchos ayuntamiento, con la tutela de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), están a la espera de que el Gobierno central modifique la ley de Haciendas Locales en cumplimiento del dictamen judicial del Constitucional, e incluso ya han anunciado que no tomarán ninguna medida cautelar acerca de suspender el cobre de la plusvalía, mientras la ley siga vigente como está, el de Málaga ha decidido actuar por adelantado y ha sido el primer ayuntamiento de España en decidir la suspensión del cobro del impuesto en los casos en que no haya incremento.
