La situación de interinidad y de incertidumbre que vive Limasa, con un contrato prorrogado y pendiente de decidir si se opta por un modelo público o privado para prestar a partir de ahora el servicio, está propiciando que los defensores de uno u otro modelo intenten medidas o maniobras que decante la decisión final hacia su opción.
En el consejo de administración del viernes, los responsables del área de Medio Ambiente intentaron, sin lograrlo, mantener la figura de un interventor técnico que controle la actividad de la empresa y que suponía quitarle atribuciones al actual gerente, Rafael Arjona, e incluso al consejo de administración.
De cara a la finalización del contrato en abril de 2017 y a la liquidación de la empresa, el Ayuntamiento había nombrado en octubre pasado al actual jefe del Servicio Técnico de Limpieza del Ayuntamiento para el puesto de interventor técnico de Limasa. Su función era controlar que todas las instalaciones, material y bienes de Limasa revertieran al Ayuntamiento en perfecto estado.
Ahora, con el argumento de que el contrato se ha prorrogado, el área de Medio Ambiente, pretendía, según la propuesta que el concejal Raúl Jiménez llevó al consejo, mantener la figura del interventor técnico, con autoridad para «vigilar» toda la gestión de Limasa, no solo en lo referido a la conservación de los bienes, sino, tal como señala la propuesta en materia de personal, supervisando los convenios colectivos, o la previsión de nuevas contrataciones o modificaciones; en materia presupuestaria, para «asegurar que no existan desviaciones presupuestarias»; también en materia económica, donde debería supervisar todos los contratos y operaciones de compra e inversiones, así como los balances económico y financiero de la sociedad, y, por supuesto el control de los bienes de la sociedad.Fue retirada
En definitiva, la propuesta supondría eliminar o recortar sensiblemente las atribuciones del gerente de la empresa y de sus directivos y ponerlo todo en manos del interventor técnico que debería supervisar todas las decisiones.
La propuesta quedó frenada en seco por la intervención del jefe de la asesoría jurídica de Limasa y secretario del consejo de administración que advirtió que la misma era irregular desde el punto de vista legal, por lo que se retiró. El secretario advirtió de la irregularidad que supondría que la persona que supervisa el servicio de limpieza desde el Ayuntamiento sea la misma que lo supervise también en Limasa.
La historia, según el PSOE, se inscribiría en la guerra que dentro del equipo de gobierno mantienen los ediles partidarios de la privatización o de la municipalización.
La socialista Begoña Medina explicaba que «el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jimenez, defensor de la privatización de Limasa, ha querido dar un golpe de mano en la empresa para que el jefe del Servicio Tecnico del Ayuntamiento, un hombre afín a la privatización, controle ahora Limasa, en detrimento del gerente y prepare el camino a que los privados sigan».
Según el PSOE, la propuesta , que no tenía firma ni sello de nadie, era desconocida por el alcalde, que preside el consejo de administración de Limasa.
