Contratación pública

El nuevo contrato para las zonas verdes queda en suspenso por orden de un juez

Fue adjudicado en febrero a cinco empresas por cuatro años y casi 50 millones de euros - El juez atiende, en principio, la demanda presentada por Málaga Ahora, que estima que hay «indicios de que el concurso estaba diseñado para favorecer a varias empresas»

30.05.2017 | 09:07
El abogado Oliver Roales y la concejala de Málaga Ahora Ysabel Torralbo.

Benítez: El alcalde dice que se buscará una solución para abrirlo

  • El alcalde, Francisco de la Torre, anunció ayer que el Ayuntamiento recurrirá el auto que suspende cautelarmente el concurso. Además, agregó que «si el deseo nuestro, que esperamos cumplir de abrir pronto al público el Campamento Benítez, se produjera antes de tener despejado este tema, siempre cabría una situación puntual». «Esperamos encontrar las soluciones para que esto no afecte». En ese sentido, añadió que «si no tuviéramos la adjudicación en marcha, que es lo que nos permitiría ampliar espacios, como el Benítez, se podría para este nuevo espacio buscar una fórmula dentro de los actuales contratos o con una contratación directa para un tiempo limitado y para un espacio concreto, porque además sería una contratación barata pues el Benítez necesita limpieza y conservación, pero no estamos hablando de un jardín de alta intensidad, es un parque periurbano». De la Torre explicó que recurrirán el auto «dentro de lo que nos corresponde en derecho», para que la paralización que se ha producido «se desbloquee, y se pueda formalizar el contrato».

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 ha suspendido cautelarmente la adjudicación del concurso de mantenimiento de zonas verdes de Málaga, que se acordó en febrero pasado, a raíz de la demanda presentada por el grupo Málaga Ahora, que estima que hay claros «indicios de que dicho concurso estaba diseñado para beneficiar a determinadas empresas», en palabras de su portavoz, Ysabel Torralbo.

La decisión del juez suspende la adjudicación del concurso, pero no suspende sin embargo la prestación del servicio, que se seguirá realizando como una prolongación del actual contrato hasta que exista una decisión definitiva por parte del juez.

El abogado que actúa en nombre de Málaga Ahora, Oliver Roales, explicó ayer que los motivos por lo que Málaga Ahora ha pedido la suspensión del concurso de mantenimiento de zonas verdes se resumen en cinco puntos esencialmente. Por existir un desequilibrio económico claro; por inducir a la empresa ganadora del lote 1 a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al serle imposible mantener a toda la plantilla anterior subrogada; por un presunto desvío de dinero público al establecer la contratación del mantenimiento de zonas verdes que corresponden a las entidades urbanísticas de conservación; por un presunto fraude en la aplicación del IVA, que se fija en un 10% en vez de un 21% y, por último, por una «clarísima desigualdad» de los concurrentes al tener más información las empresas que venían de prestar el servicio que las que aspiraban por primera vez.

El juzgado ha atendido la demanda de Málaga Ahora, pues sin entrar en el fondo de la cuestión, considera que procede la medida de suspender cautelarmente la adjudicación, especialmente por dos razones: porque si se deja que se ejecute la adjudicación, luego sería «irreversible» volver atrás en caso de que se anule definitivamente el mismo (periculum in mora) y en la posibilidad de existencia de delito (fumus bonis iuris). Cuando haya sentencia el juez aclarará si hubo delito o fallo administrativo.

El concurso que ahora se suspende cautelarmente fue adjudicado en febrero pasado a cinco empresas, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Conacón, Perica Obras y Servicios, Contenur y Covico 2015, por cuatro años. Cada una de ellas se asignaba una de las cinco zonas en que se ha dividido la ciudad. El contrato supone un coste de 49.821.249 euros, por los cuatro años, lo que supone una inversión anual de 12.455.312 euros.

Argumentos legales

Málaga Ahora interpuso una denuncia contra el concurso de zonas verdes en octubre de 2016. La demanda señala que hay indicios claros de una defraudación del IVA, y por tanto a la Hacienda pública, ya que el pliego recoge que el 50% del servicio será de mantenimiento (que tributa con un 21% de IVA) y el otro 50% de limpieza (que tributa un 10%), de manera que se habría inflado el concepto de limpieza para tributar menos.

El concurso establece además que donde antes existían cuatro lotes ahora habrá cinco, pero se establece la obligación para los dos primeros lotes de subrogar a la totalidad de la plantilla actual. Eso significa, según la demanda, que la empresa que se haga con el servicio de esos dos lotes se va a encontrar un exceso de trabajadores que tendrá que despedir, es decir, se plantea un ERE encubierto.

Además, la demanda señala que el contrato cubrirá el mantenimiento de jardines privados que son responsabilidad de las entidades urbanísticas de conservación que tienen la obligación de mantener , por lo que podría suponer el desvío de dinero público.

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