El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no se atrevió a avanzar ayer una fecha de apertura parcial -sólo los fines de semana y festivos- del antiguo campamento Benítez como parque, aunque sí aseguró que será en unas semanas, después de que un juzgado de la capital haya suspendido cautelarmente la adjudicación del concurso de mantenimiento de zonas verdes en Málaga, que se acordó en febrero, después de la demanda presentada por el Grupo Municipal Málaga Ahora, que considera que hay «indicios de que dicho concurso estaba diseñado para beneficiar a determinadas empresas», dijo su portavoz, Ysabel Torralbo.

De la Torre aseguró que van a recurrir la decisión, «para demostrar que no hay razón a ella y plantea inconvenientes. Hay que desbloquear este concurso, que tiene muchas empresas que lo han solicitado, nos permitirá atender aún mejor lo que ya atendemos en Parques y Jardines. Es grande la superficie e iremos incorporando espacios como el Benítez».

Para continuar con los trabajos de conservación y mantenimiento, se va a optar por contratos directos con determinadas empresas con el fin de desbloquear la situación. «Los contratos directos no son la solución por razones obvias de limitación legal. Durante unos meses, podría hacerse la conservación por esa fórmula. El ideal es que entendemos que hay argumentos suficientes para que ese desbloqueo siga su tramitación, y las empresas contratadas cumplan las tareas que corresponde hacer en relación con lo que hoy existe y nuevos espacios», explicó De la Torre.

Así, insistió en que se trata de contratos puntuales para el caso del Benítez. «No es una solución definitiva, no puede tener una duración indefinida», agregó.

En su opinión, no corre peligro la apertura. «No, no corre peligro, abriremos, pero de tener la seguridad de contar con la perspectiva de cuidarlo varios años hemos pasado a no tenerla», apuntó, eso sí, no quiso dar una fecha de la apertura provisional, aunque será en unas semanas.

Málaga Ahora interpuso una demanda contra el concurso de zonas verdes en octubre de 2016. La demanda señala que hay indicios claros de una defraudación del IVA y, por tanto, de Hacienda Pública, ya que el pliego recoge que el 50% del servicio será de mantenimiento (que tributa con un 21% de IVA) y el otro 50% de limpieza (que tributa al 10%), de manera que se habría inflado el concepto de limpieza para tributar menos. La decisión definitiva aún no la ha tomado el juez.