La Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP) urgió ayer al Gobierno central a remitir a las Cortes un proyecto de ley que les compense por la pérdida de ingresos por las sentencias de los tribunales que anulan parte del impuesto que cobraban por la adquisición de terrenos, incluso en los casos en los que el vendedor no tenía plusvalía.
Dicho más abiertamente, que sea el Gobierno el que pague a los ayuntamientos el dinero que estos van a dejar de ingresar al no poder cobrar el impuesto de plusvalía.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, dijo que, tras esas sentencias, se pusieron en contacto con el Ejecutivo, al que apremiaron para que rellenase ese «vacío legal» y resolver «la inseguridad jurídica». Ahora le van a remitir «dos grandes propuestas», reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería «la indefinición que describe el Constitucional».
La otra opción consistiría en una base imponible para ser gravada, que fuese el valor de venta menos el valor de compra y se aplicaría la minusvalía o plusvalía real que hubiese en cada caso.
Caballero, que aseguró que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la anulación de parte de este impuesto, sí reconoció que, por la liquidación de impuestos de años anteriores, los ingresos municipales por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones de euros.
Además, recordó que en el pleno de la Asamblea de la FEMP, en 2015, ya se decidió pedir al Ejecutivo un cambio legislativo porque veían que se iba a anular ese impuesto ante los recursos presentados por ciudadanos que vendían con pérdidas y se les cobraba esa plusvalía.
