Las organizaciones feministas han exigido al Gobierno un aumento de la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a la violencia de género. Piden que los 31,7 millones destinados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para esta materia se multipliquen hasta los 120 millones. Aseguran que sólo así se podrán evitar los malos tratos en el ámbito del hogar.

Por este motivo, este lunes más de cien ayuntamientos españoles acogieron concentraciones y encierros para exigir el aumento de la dotación contra esta lacra. En Málaga, la plataforma Violencia Cero reunió a un centenar de personas para exigir más medios para luchar contra la violencia de género. Lo que en un principio iba a ser un encierro pactado y con el beneplácito del Ayuntamiento se convirtió, por unos minutos, en un conflicto verbal entre los policías locales del edificio municipal y parte de las mujeres del colectivo, que querían ocupar otro espacio.

Los partidos políticos de la oposición habían pedido permiso en el Ayuntamiento para llevar a cabo el encierro de 12 de la mañana a 12 de la noche. La única exigencia por parte del equipo de gobierno había sido que debía realizarse en la segunda planta del edificio, en concreto en los despachos de los grupos políticos que habían solicitado los pertinentes permisos. Pero a la entrada del edificio ya hubo problemas. Todas las personas que iban a participar en el encierro tuvieron que identificarse y pasar por el arco de seguridad y les fueron requisados tanto la comida como la bebida que llevaban consigo para el encierro. Esto prendió la mecha que se expandió cuando, al subir a la segunda planta, un grupo de mujeres decidió que no quería estar en dependencias de un partido u otro, sino que preferían ocupar un espacio más grande y con solera, como el Salón de los Espejos.

Las mujeres trataron de acceder al espacio sin éxito. Los policías locales confirmaron a este periódico que tenían orden expresa de no dejar pasar a nadie a este emblemático espacio y apuntaron a que el colectivo feminista sólo tenía permiso para estar en la segunda planta y en ningún caso en la primera.

El colectivo comenzó a gritar y a exigir sus derechos como ciudadanas «de primera», al tiempo que los agentes alertaban de que si no se trasladaban de planta serían desalojadas. Finalmente, la presidenta de la plataforma Violencia Cero, Meli Galarza, tomó la palabra y pidió orden para poder hacer el encierro tal y como se había concebido. Gracias a esta intervención las mujeres se trasladaron de planta y ocuparon las dependencias de los partidos políticos. Junto a ellas estuvieron, además de los portavoces de los grupos políticos y concejales del PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, la coordinadora del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, y sindicalistas de UGT y CCOO.

Antes del encierro, el concejal de Asuntos Sociales, Julio Andrade, mostró su apoyo a la causa, aunque recordó que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se está trabajando para abordar este asunto y subrayó que contra la violencia de género ha de trabajarse en conjunto. «Hablamos de un pacto de Estado y se habla por tanto también de la Administración autonómica y de los ayuntamientos», agregó.