Los responsables de la Gerencia de Urbanismo han dejado prescribir o caducar en torno a 10.000 expedientes de infracción de obras en los últimos diez años, expedientes que han sido «archivados», según la información facilitada ayer por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y la jefa del departamento de Licencias, Leonor Muñoz Pastrana, que comparecieron en un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para dar cuenta de las actuaciones llevadas en materia de concesión de licencias y de tramitación de expedientes sancionadores.
Los datos ofrecidos por Pomares confirman la información publicada por La Opinión de Málaga el pasado 6 de junio que anunciaba que Urbanismo ha mantenido olvidados y sin tramitar miles de expedientes de infracción urbanísticos, fechados desde 2006 en adelante, lo que supone más de 10 años, lo que habría permitido que la mayoría de ellos estén ya prescritos.
Sistema sin estadística
La responsable del servicio de Licencias explicó, a instancias de la oposición, que «tomando como referencia los últimos diez años», en ese espacio de tiempo en torno al «66% de los expedientes (unos diez mil) han quedado archivados, mientras que el 34% restante (unos 5.000) siguen vivos y en tramitación».
La jefa de Licencias no quiso pillarse los dedos y afirmó que no puede precisarse cuántos de esos 10.000 expedientes han caducado y cuántos han prescrito, dado que el sistema del que se dispone no lo permite. Por ello no hay una estadística elaborada.
Tuvo que ser la oposición la que le arrancara a Pomares y a la jefa de Licencias estos datos, pues durante la intervención de Leonor Muñoz sobre la situación del departamento de Licencias, eludió hablar de ellos pese a que el consejo extraordinario de Gerencia se había convocado expresamente para conocer los datos sobre expedientes de infracción y número de licencias.
Tanto Muñoz Pastrana como el gerente, José Cardador, explicaron que está ultimándose un plan de inspección que tendrá como «prioridad» evitar la caducidad de los procedimientos. El plan aplicará un sistema de baremación para los diferentes expedientes a la hora de calificarlos como más o menos graves, teniendo en cuenta la entidad y naturaleza de la infracción cometida. El plan dará también cobertura a las pretensiones de los responsables de Urbanismo de dar prioridad a los infractores de rectificar la ilegalidad cometida, antes que imponer multas coercitivas.
Sobre las quejas por el retraso en la concesión de licencias de obras, que la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) ha cifrado en torno a un año, Pomares volvió a negar la existencia de «parálisis». «Hemos crecido en un 6% en el número de licencias, que movilizan una inversión de 313 millones de euros». El crecimiento se da tanto en las licencias de obra mayor como en las menores. Pomares también señaló que las licencias de obra mayor se están dado en un plazo medio de 4,4 meses. Este dato no puede obviar que en los tres últimos años el periodo «medio» de concesión de licencia ha pasado de 91 días en 2015 a 140 días en estos cinco meses de 2007, lo que supone un 49% más de tiempo.
Precisamente, para agilizar los trámites para las licencias de obra, Urbanismo tiene previsto aprobar una nueva ordenanza que ampliará los casos que pueden acogerse a declaraciones responsables por las que los ciudadanos pueden obtener el permiso de obras en el mismo día y los técnicos municipales verifican su legalidad a posteriori. Asimismo, se implantarán notificaciones digitales para acortar los plazos.
