Un trabajador de 51 años falleció esta pasada medianoche al precipitarse de una grúa escalera en Málaga capital tras, al parecer, sufrir un infarto mientras retiraba unas placas de cemento con fibras de amianto. El personal de Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 00.15 horas la llamada de un compañero de trabajo del fallecido en la que indicaba que el varón se había precipitado de unos dos metros de altura en la calle Jovellanos. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local y personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Aunque inicialmente fuentes policiales se dijo que el trabajador estaba cambiando unas bombillas del viario público, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha precisado este jueves que se trataba de una retirada de placas de cemento con fibras de amianto. Ha añadido que todo parece indicar que el operario, perteneciente a una empresa privada, sufrió un infarto y, a consecuencia del mismo, se cayó.

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este mediodía para denunciar el accidente laboral mortal, que eleva a número 12 los fallecidos en la provincia de Málaga en lo que va de año (sumando muertes traumáticas e infartos), un 60% más que en el mismo periodo de 2016. Cubillos ha criticado la «presión» que sufren los trabajadores en los centros, que a su juicio está derivada de las circunstancias que la reforma laboral impone en los ritmos y las condiciones de trabajo. Además, ha pedido a la Junta que «invierta en la Justicia» porque hoy mismo se ha ceelebrado un juicio sobre el fallecimiento de un trabajador hace diez años, y «esa lentitud de la Justicia no arropa, no da defensa posible a la familia».

Por su parte, la secretaria general de UGT en Málaga, María Auxiliadora Jiménez, ha reivindicado más seguridad en los puestos de trabajo, y ha calificado de «inadmisible» que menos de 15 días después del último accidente laboral mortal haya que lamentar un nuevo fallecimiento.

UGT ha exigido mayor contundencia en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención, tanto a las Administraciones Públicas en sus funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad, como a los empresarios "responsables de garantizar una condiciones laborales dignas y entornos de trabajo adecuados que no pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores".