Inmigración

La burocracia imposibilita que los inmigrantes que llegan en patera a Málaga sean devueltos a su país

A la subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Málaga, cuyos letrados han atendido en lo que va año a 834 inmigrantes, no le consta que se haya devuelto a ninguno a su país de origen

03.07.2017 | 22:33
Un agente de la Policía Nacional supervisa la llegada de inmigrantes rescatados en alta mar.

La mitad fueron internados en Centros de Internamiento de Extranjeros y 171 pidieron asilo, según sus datos

Entre las noticias sobre el calor, los incendios, los museos o la fantástica previsión de la ocupación hotelera de la Costa del Sol se cuelan, cada vez más a menudo e inadvertidas, informaciones sobre la llegada de personas que tratan de alcanzar la península en pateras. Tanto es así, que la provincia de Málaga ha superado en los primeros seis meses del año el récord absoluto de inmigrantes que se había alcanzado en 2016 con 774 personas, una cifra que, con todo el verano y el otoño por delante, se va a quedar muy pequeña. Estas informaciones, que nacen con el rescate de las embarcaciones por parte de Salvamento Marítimo, se prolongan con una fotografía cuando llegan a puerto y mueren cuando la Policía Nacional se los lleva detenidos, no suelen profundizar en el infierno administrativo y humano que los inmigrantes viven al comprobar que la maquinaria para expulsarlos del país se ha puesto en marcha antes de que pongan los pies en tierra.

El protocolo es un martillo pilón. Tras ser rescatados, los inmigrantes son recibidos en el puerto por los voluntarios de Cruz Roja para ofrecerles una primera asistencia sanitaria y humana antes de ser oficialmente detenidos por intentar entrar en el país de forma irregular. Según fuentes de la organización, esa atención va más allá cuando hay embarazadas y mujeres con bebés: «Cuando acogemos a estas mujeres su situación es irregular. Nuestros abogados estudian sus casos y valoran la solicitud de protección internacional o la necesidad de acogida por razones humanitarias sobrevenidas, como el hecho de que esté a punto de tener a su bebé». Esa atención, añaden, se suele prolongar entre tres y seis meses.

Aunque es muy común que en las pateras vayan embarazadas, menores y jóvenes que aseguran tener menos de 18 para beneficiarse de la ley, la mayoría de los tripulantes son adultos que inexorablemente son arrestados y conducidos a dependencias policiales. Allí, los agentes de la Brigada de Extranjería los identifican, les toman las huellas e inician los trámites para devolverlos y se les informa de sus derechos, entre los que está la asistencia jurídica.

El presidente de la subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Málaga, Álvaro García, asegura que el papel de los abogados del turno de oficio es entrevistarse con cada inmigrante y conocer bien la situación de cada uno. Sólo en lo que va de año, 79 letrados este departamento ha asistido a 834 inmigrantes que llegaron a Málaga de forma colectiva. Sobre todo de Camerún y Costa de Marfil, aunque también han llegado desde Mauritania, Mali, Gabón, Burkina Faso, Congo, Senegal y Guinea. «Debemos detectar si hay casos de trata de personas, que los hay, menores, si quieren solicitar asilo...», dice García antes de indicar que son entrevistas «muy privadas» de las que depende si se les tramita la devolución, que es lo más habitual, o no, y añade que los abogados las recurren cuando hay motivos, como los conflictos armados en los países de origen o las circunstancias personales de cada uno. Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando comenzó la llegada masiva de pateras, García asegura que se están recurriendo todas las órdenes de ingreso en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por las malas condiciones que presentan estas instalaciones (el de Málaga se cerró en 2012 por su estado de ruina) y porque entienden que los CIE deben ser el paso previo a una expulsión, no a una devolución. «Están saturados», alega argumentando que en año pasado, en el CIE de Tarifa, de los 2.800 inmigrantes que había sólo fueron expulsados 80. Este dato revela un embudo burocrático y humano que apuntalan las estadísticas del Colegio de Abogados, ya que no les consta que ninguna de las 834 personas que han atendido en lo que va de año hayan sido devueltas o expulsadas todavía y sólo 413 fueron internadas. Según García, el principal tapón al que se enfrentan las autoridades españolas es que la policía apenas tiene10 días para acreditar que el país de procedencia de los inmigrantes, circunstancia que se suma a que los países de origen ponen todas las trabas posibles para que las expulsiones o devoluciones no se ejecuten. En todo caso, los inmigrantes no pueden estar más de 60 días internados, por lo que quedan en libertad.

Otra opción es el asilo, una alternativa que en lo que va de año han solicitado 171, apenas el 17% del total. El asilo o condición de refugiado se concede cuando se reconoce a una personas los temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual en su país de origen. Tras recordar un caso reciente en el que un hombre pidió asilo tras alegar torturas en las que sufrió la amputación del pene, el responsable de la subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Málaga detalla que, conocidas las circunstancias de cada uno, si el afectado solicita protección, esta se tramitará en un plazo no superior a tres días. Si se admite a trámite, el solicitante quedará en libertad automáticamente para iniciarse un proceso que puede alargarse dos años.

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