El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha apuntado este lunes que "en el caso de que los trabajadores fijos" de Limasa no trabajen los festivos de la Feria de Agosto ni el primer sábado de la Feria, como decidió el pasado domingo la plantilla, "habrá que buscar otro tipo de trabajadores cualificados porque el servicio no puede verse perjudicado en Feria".

Raúl Jiménez, no obstante, indicó que está "convencido de que no va a haber ningún tipo de huelga en la Feria de Málaga" y abogó porque impere la "sensatez". El concejal de Medio Ambiente recalcó además la reciente medida de la empresa de abonar a los trabajadores la paga de productividad de 867 euros, "que no estaba acordada, porque los mismos trabajadores firmaron que en 2017 no habría paga de productividad".

Además, dijo no entender que exista un interés por parte de los trabajadores y el comité de empresa "de ser municipales, algo que conlleva una vocación de servicio público y a la vez se intenta montar una huelga en la semana más importante de la ciudad". En todo caso, el concejal señaló que la decisión de la plantilla es "una llamada de atención que no debe llegar a más".

El concejal de Medio Ambiente recalcó además la reciente medida de la empresa de abonar a los trabajadores la paga de productividad de 867 euros, «que no estaba acordada, porque los mismos trabajadores firmaron que en 2017 no habría paga de productividad».

«Los trabajadores y el comité firmaron que en 2017 no tenían paga de productividad. El hecho de que el Ayuntamiento pague es un gesto de buena voluntad», recalcó, respondiendo a los trabajadores que «no se puede pedir ser municipal a la vez que se intenta montar una huelga en la semana más importante de la ciudad».

Cuestionado por los motivos para pagar la productividad, Jiménez dijo que esa paga está supeditada a una «cuestión jurídica ajena» y a un juicio que «se va a celebrar el 15 de noviembre de 2017». «Parecía sensato por nuestra parte», incidió.

Por otro lado, preguntado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara como único convenio colectivo en vigor el de 2010-2012, declaró que «no es mala voluntad» ya que la primera sentencia» la ganó la empresa» y fue recurrida por la plantilla.

Recurso

«Si hay mala voluntad ahora, hubo mala voluntad cuando se recurrió al TSJA en la segunda instancia, y ahora vamos a la tercera», expresó Raúl Jiménez, argumentando que la empresa recurre «porque tendría una repercusión bastante importante para la economía de todos».

Como ejemplo, el concejal señaló que las vacaciones de los trabajadores de Limasa, «que pretenden tenerlas los cuatro meses de verano», supondría «un gran desembolso para sustituir o una disminución importante en la calidad del servicio en el caso de que no se pudieran sustituir».

«No es solo una cuestión política, sino que tendría repercusiones serias y por eso peleamos porque no sea así», concluyó el edil de Sostenibilidad Medioambiental.