­En el edificio nº5 de la Merced, la plaza donde se encuentra la casa natal de Picasso, los vecinos están atemorizados. Aseguran que de las 60 viviendas deshabitadas entre los 4 bloques, la mayoría están ocupadas. A la cancela del portal le falta algo: el pestillo, una pequeña rampa de acceso conduce a un patio de vecinos desde el que se divisan las viviendas ocupadas. Los moradores cierran las cortinas al advertir la presencia de un extraño. En el interior del bloque todas las puertas presentan signos de haber sido forzadas y nadie contesta aunque hay alguien detrás de la puerta. Los incidentes empezaron con el destrozo de varias cerraduras de acceso al portal, llamadas al porterillo a altas horas de la madrugada y han ido aumentando. Los ocupas han accedido a los suministros eléctricos y el edificio está cableado.

La primera vez que tuvieron constancia de que su edificio estaba ocupado fue durante la Semana Santa de 2015, pero las incidencias han aumentado. La situación aseguran es insostenible y muchos de los propietarios están intentando mudarse. Uno de los vecinos dice que el anterior administrador del edificio «se fue de la ansiedad y lo dejó en manos de otro administrador». Los inquilinos han acudido a la Policía Nacional para denunciar la situación y desde la jefatura le comunicaron que ellos a título personal no pueden hacer nada, deben ser los propietarios de las viviendas los que presenten la denuncia. La policía les aseguró que hay una demanda interpuesta, pero ha pasado un año y medio y el proceso judicial sigue abierto.

Según uno de los trabajadores del banco Santander, las viviendas son propiedad de la entidad y de un grupo de gestoras. El mismo trabajador les explicó a los vecinos que el proceso se estaba demorando porque quizás había una asociación del movimiento okupa que estaba respaldando la ocupación.El banco está alquilando las propiedades como pisos vacacionales, comenta Peter, un extranjero que ha alquilado el piso por 400 € mensuales.

Conseguimos que nos atiendan dos okupas, uno de ellos una mujer que nos dice que tiene hijos. No se ha producido ningún enfrentamiento directo, «no son gente conflictiva, pero no es su sitio», señala uno. «La policía ha acudido varias veces al edificio, una vez pensamos que iban a desalojar los pisos», narra una vecina. Los inquilinos tienen miedo de sufrir represalias si denuncian, «si estuviera solo me atrevería, pero tengo familia».

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2015, estas conductas han pasado a ser consideradas delitos leves. Esto quiere decir que en teoría los procesos judiciales se agilizan, pero estas familias siguen a la espera de una solución que les permita vivir con tranquilidad. «Entiendo que tengan que vivir en algún sitio, pero yo necesito seguridad y paz», sentencia una de las afectadas.