Operación

Detenidas 104 personas por contratos fraudulentos para cobrar subvenciones

El desfalco causado a la Administración asciende a más de 474.000 euros aunque el supuesto cabecilla de la trama aún no ha sido arrestado

21.07.2017 | 05:00
La Tesorería de la Seguridad Social en Málaga ha colaborado en la investigación.

La red desarticulada por la Policía Nacional también trataba de regularizar a inmigrantes en España

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a 104 personas como presuntas responsables de los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la hacienda pública y falsedad documental. Formaban parte de un entramado societario que procuraba contratos fraudulentos a trabajadores y, en otros casos, para regularizar a extranjeros en situación irregular en España.

El operativo policial permitió desmantelar este entramado societario formado por cuatro empresas ficticias a través de las que se procuraban contratos fraudulentos a trabajadores para el cobro de subvenciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y otra ayudas. En otros casos los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en el país.

La denominada operación Conan, contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, ha permitido hasta el momento el afloramiento de 10.435 días de cotización irreales a la Tesorería de la Seguridad Social y un desfalco causado a la Administración Pública de 474.003,17 euros. La deuda contraída con la Seguridad Social asciende a 202.704,15 euros y el importe cobrado fraudulentamente en subvenciones y prestaciones a 271.299,02 euros, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

Esta investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de un entramado de empresas ficticias, es decir, que tenían una mínima actividad real; dedicadas principalmente a la construcción, pintura o mantenimiento y con sede social en Málaga capital. A través de ellas se procuraban contratos fraudulentos a trabajadores para que estos pudieran acumular los días suficientes de cotización para así cobrar prestaciones por desempleo, para cotizaciones para la jubilación o bien para ayudas de todo tipo. En otras ocasiones los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros.

Hasta 500 euros

Al frente de la trama estaba un hombre de nacionalidad española, que aún no ha sido detenido, que, aunque no figuraba como administrador de ninguna de las empresas ficticias, sí que ejercía labores de administración en todas ellas. El empresario, que estaba dado de alta en una de las sociedades como trabajador, había puesto al frente de las empresas a personas insolventes que manejaba como «hombres de paja».

Frutos de las pesquisas los investigadores constataron que los supuestos trabajadores desembolsaban entre 250 y 500 euros a los administradores de las empresas fraudulentas para la obtención de un contrato ilegal de trabajo. Los pagos se hacían bien en metálico o, en otros casos, se les descontaba de la nómina si desempeñaban alguna actividad laboral o mediante la realización de distintos trabajos a los declarados por los que el trabajador no llegaba a percibir ninguna remuneración.

La operación, enmarcada en el convenio de colaboración entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y el de Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social; contó, además, con la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Antecedentes

No es la primera vez que las Fuerzas de Seguridad del Estado dan un golpe de esta naturaleza en Málaga, ya que este tipo de fraudes tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria han proliferado durante la crisis económica que azotó a la provincia entre 2008 y 2013.

Ya en junio de 2016, la policía detuvo a 37 personas e investigó a otras 31 en Córdoba, Granada, Málaga e Ibiza en una operación que se inició en 2014 tras haber destapado un entramado empresarial creado presuntamente para defraudar a la Seguridad Social y al Fisco.

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