El administrador del edificio de la plaza de la Merced afectado por okupas cifra en 48 el número de viviendas deshabitadas, pero indica que no todas están ocupadas. La cifra exacta de los inmuebles que tienen okupas se desconoce, «no hemos ido puerta por puerta para confirmarlo», dice el responsable de los bloques, aunque segura que solo hay ocupadas un poco menos de la mitad, «de 15 a 25 pisos aproximadamente».
Las viviendas pertenecen a la plataforma inmobiliaria Altamira Asset Management, firma propiedad de Apollo Global Management y del banco Santander. Apollo Global Management adquirió el 85% de la promotora tras comprarle parte de su participación al banco Santander por 664 millones de euros en 2013. La entidad bancaria liderada por la familia Botín intento que el fondo norteamericano le traspasara la inmobiliaria, aunque las negociaciones se rompieron por las discrepancias en el precio de la adquisición y el Banco Santander actualmente es propietario del 15% de la inmobiliaria .
El administrador de la propiedad afirma que «desde hace aproximadamente un mes», Altamira ha designado a un gestor que está intentando alquilar los pisos vacíos, pero desconoce si dentro del edificio se da algún tipo de alquiler no declarado o fraudulento. Los okupas no accedieron al inmueble con un contrato previo como sucede en algunas ocasiones, sino que irrumpieron directamente en las viviendas. El administrador está «casi seguro de que no están organizados, carecen de portavoz» y declara que nunca se han puesto en contacto con ellos.
Además, no tiene conocimiento de la existencia de enfrentamientos directos con los vecinos. Los perjuicios a la propiedad y a las zonas comunes son continuados. Aclara que los destrozos incluyen pintadas, daños en el ascensor, el telefonillo o asaltos en los suministros de luz y agua.
La empresa administradora tiene contacto con el banco y afirma que «están intentando expulsarlos» para recuperar las viviendas. El administrador califica la situación vivida en el edificio de «problema social» y añade que los vecinos están consternados por la seguridad de sus hogares y del edificio en sí. Les preocupa especialmente «la manipulación (que hacen los okupas) de los elementos comunes, de conexiones de electricidad, agua…» que ponen en peligro su integridad física y la de los residentes . La comunidad de vecinos se constituyo en 1990 y pasó a ser propiedad de la actual promotora «hace unos cuatro años».
El gestor llegó al cargo ante la renuncia del antiguo administrador que- según los vecinos- dejó la gerencia por ansiedad. A pesar de llevar poco tiempo al mando confirma que «algunos de los inquilinos con contrato sí se han ido porque estaban preocupados y asustados». La policía ha intervenido en varias ocasiones, una vez impidieron la ocupación de una dependencia de la comunidad. Sin embargo, no hay constancia de que ninguna de las intervenciones tuviera relación con el tráfico de drogas como rumoreaban algunos vecinos.
El desempleo y la crisis económica han incentivado la ocupación de inmuebles. Para el sector financiero la usurpación y el allanamiento se ha convertido en uno de sus principales problemas.
Pese a la incipiente recuperación económica, el acceso a una vivienda sigue sin registrar cambios evidentes y según datos del sector,se calcula que en España el 80% de las propiedades ocupadas pertenecen a entidades financieras.
