Reacciones

Casi 40.000 funcionarios de Málaga están afectados por el recurso a las 35 horas

Los sindicatos anuncian movilizaciones en septiembre y reclaman al Gobierno central que levante la suspensión cautelar de las 35 horas

25.07.2017 | 23:33
Manifestación en Málaga por la recuperación de derechos y de las 35 horas.

Juanma Moreno, "partidario" de levantar el recurso

  • El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó ayer ser partidario del levantamiento de medidas cautelares para que no se suspendan de forma inmediata las 35 horas semanales de jornada laboral para los funcionarios andaluces, pero culpó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de «preferir una confrontación a optar por el diálogo». Además, aseguró que desde el gobierno «han expresado su plena y férrea voluntad de diálogo con la comunidad andaluza y están dispuestos a sentarse con la Junta para identificar en qué sectores se pueden aplicar las 35 horas». Por otro lado, destacó que esta situación «no es un problema de fondo, sino de forma» y que «la Junta ha invadido desde el punto de vista del Estado sus competencias y por tanto, está en su legítimo derecho de acudir al Tribunal Constitucional. 

El Gobierno andaluz considera que esta medida afectará a las nuevas contrataciones previstas en Sanidad y Educación

El pasado mes de enero la Junta de Andalucía aplicó el decreto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno en el que se regresaba a las 35 horas semanales de jornada laboral en el sector público, hecho que se había estado realizando hasta el 2012, cuando el Gobierno de España impuso un aumento que suponía 37 horas y media de trabajo semanal en este sector. Han pasado seis meses desde que la Junta de Andalucía aplicara este decreto, pero el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy al decreto andaluz ha sido admitido por el Tribunal Constitucional y suspende la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios andaluces.

Casi 40.000 funcionarios se verán afectados en Málaga por el recurso del Gobierno, lo que ha provocado que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF reclamaran ayer al Gobierno central que levante la suspensión cautelar de las 35 horas y anunciaron movilizaciones en septiembre.

El secretario general de la federación de Servicios Públicos de UGT-A, Antonio Tirado, criticó que el argumento del Gobierno se basa en «no distorsionar la desigualdad del país» y quiso destacar que considera que «hay diferencias enormes entre unos y otros». En este mismo sentido, también señaló que no comprende «la contradicción» del Gobierno del PP, que declararon la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en algunos sectores específicos en toda España, pero, no obstante, recurren la normativa andaluza que lo posibilite incluyendo la suspensión cautelar de la misma. También mostró su « rechazo» por este recurso al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, al que reclamó que instara al Gobierno central a pedir el levantamiento de la suspensión.

Educación y Sanidad serán los sectores más afectados por esta nueva decisión del Gobierno, según los sindicatos. En Málaga, la medida afectará a cerca de 16.000 trabajadores sanitarios y obligará al Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) a reordenar el sistema sanitario, ya que los gerentes de los centros sanitarios deberán reorganizar las agendas de los cupos de los médicos y elaborar nuevos cuadrantes de personal.

Agustín de la Cruz, secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, recordó que se iban a crear en el inicio escolar 3.000 plazas que ahora «quedarán paralizadas».

Asimismo, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, explicó que este recurso «afectará de manera directa, no solo a los 270.000 empleados públicos andaluces, sino también a las contrataciones nuevas que estaban previstas» como por ejemplo, las del sector educativo con el comienzo del próximo curso.

Por su parte, el Gobierno andaluz también instó ayer al Ejecutivo central a solicitar el levantamiento de esta suspensión cautelar. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, señaló que el Gobierno central debería dar ese paso y, a partir de ahí, «seguir negociando y dialogando», y explicó que desde la Junta de Andalucía siguen sin entender que se recurra a una norma en el «último minuto» y tres días después, el Ejecutivo central decida que se empezará a aplicar el próximo año.

Al igual que los sindicatos, el Gobierno andaluz también reclama al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, que alce la voz y actúe, en la medida en la que le sea posible, para evitar lo que el Gobierno andaluz considera un «atropello» del PP contra los empleados públicos andaluces.

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