La gente viaja más de lo que nunca lo ha hecho. Pero la manera en que se viaja ha cambiado. Los turistas optan cada vez más por alojarse en alojamientos extrahoteleras y la oferta de apartamentos turísticos no deja de crecer, animada por esta demanda y por la alta rentabilidad que estos alquileres vacacionales por días proporciona a los propietarios. Muchos de estos pisos no están sometidos a ningún tipo de regulación y las medidas contra el alquiler ilegal, como el nuevo decreto de viviendas turísticas aprobado por la Junta de Andalucía hace poco más de un año, no han logrado aún el mercado negro. Para combatir la clandestinidad, el PSOE ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para aplicar una normativa común en todas las comunidades autónomas.
El diputado malagueño Miguel Ángel Heredia, autor de la moción, insiste en que es necesario acotar los límites de esta actividad, «que hoy día ofrece más plazas de alojamiento en España que el propio sector hotelero». En efecto, el año pasado, y por primera vez en la historia, las plazas de pisos turísticos (362.493) superaron a las de los hoteles (330.258) en las principales ciudades de España, según apunta el PSOE. Además, esta actividad económica en España generó en 2016 más de 4.000 millones de euros, según se recoge en la exposición de motivos de la PNL.
Según los socialistas, «el Estado renunció a la regulación de estas viviendas al sacarlas de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2014, provocando una diversidad de normativas sectorial autonómica sin armonización estatal» y que al restringirla al ámbito de normativa turística abre a los portales de comercialización la opción de acogerse a la normativa de comercio electrónico, evitando así gran parte del control. La consecuencia de ello es que en la actualidad no existe una legislación específica, «por lo que estas plataformas han operado en España en un absoluto limbo legal».
Heredia pone como ejemplo lo que se hace en Andalucía, donde se exige a estos portales que cumplan con el Decreto autonómico 28/2016 de 2 de febrero, por el que se obliga que solo aparezcan publicitados los apartamentos registrados. La Junta tiene contabilizados unos 12.000 apartamentos en Málaga, provincia que concentra prácticamente una cuarta parte de los pisos turísticos que se ofertan en la comunidad autónoma. Pero el negocio es tan suculento, que la proliferación de estas viviendas extrahoteleras continúa su tendencia creciente.
En su PNL se insta al Gobierno a elaborar «en el plazo de seis meses» una regulación básica sobre arrendamiento vacacional, algo que el PSOE considera imprescindible para evitar fenómenos como la turismofobia, que ya se registra en ciudades como Barcelona e Ibiza, donde se hace insostenible la convivencia entre turistas y vecinos. Además de ser uno de los motivos causantes de provocar, según los expertos, un aumento en el precio de los alquileres (en la provincia de Málaga han aumentado un 2,4% en el primer trimestre del año).
Inspección de Empleo
Dentro de esta regulación, los socialistas piden que se unifiquen los criterios de clandestinidad y que se reclame a la Inspección de Empleo que incremente los controles para evitar bolsas de trabajo sumergido en torno a estas viviendas. Por último, también conmina al Gobierno a incrementar los controles fiscales a los propietarios que hagan uso de las plataformas para el alquiler turístico, «así como a todos aquellos que lo hacen para otras vías tanto físicas como en red».
