Menos del 4 por ciento de las contrataciones a menores de 30 años fueron contratos indefinidos en Málaga durante el primer semestre del año, un dato «poco alentador» dentro de los 123.000 nuevos empleados que se han incorporado al mercado dentro de esa edad, según indicó la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT Málaga, Leonor Gálvez.
El sindicato denuncia la situación de precariedad a la que se enfrentan los jóvenes con motivo del Día Mundial de la Juventud que se celebra hoy. Unos datos que «auguran un futuro poco alentador» con solo el 3 por ciento de contratos indefinidos dentro de los hombres y el 4 por ciento en el caso de las mujeres.
El contrato más común es el de obra y servicios o eventual por circunstancias de la producción, lo cual ha llevaod a más de 1.200 jóvenes de la provincia a encadenar hasta más de 15 contratos anuales y, aun así, los trabajdores de entre los 18 y 25 años no alcanzara un salaroi medio anual superior a los 5.100 euros, según denunció UGT.
El sector servicios con más de 56.700 contratos en el mes de julio representa más del 82 por ciento del total de las contrataciones que se producen, «lo que acentúa la temporalidad y estacionalidad».
«Los contratos a jornada parcial de los jóvenes menores de 30 años han aumentado alcanzando el 52 por ciento en detrimento de los contratos a jornada completa, y solo entorno al 2 por ciento de los contratos parciales tienen carácter indefinido, además de destacar que los contratos parciales afecta en mayor medidad a las mujeres», expuso.
Entre los jóvenes demandantes de empleo Gálvez destacó que en el último año el 13 por ciento en el rango de edad de 20 a 24 años llevaba entre 12 y 24 meses como demante, y en el tramo de 25 a 29 años aumenta el porcentaje al 15 por ciento.
«Analizando todos los datos se puede afirmar que la situación es muy difícil para los jóvenes y que es urgente adoptar medidas para recuperar empleo de calidad y con salarios justos que les permitan vislumbrar un futuro con garantías», sentenció.
El sindicato UGT exige la regulación de las prácticas lo laborables, la dotación de organismos públicos de recursos para la orientación y el seguimiento de las contrataciones, con campañas dirigidas para los empleados menores de 30 años con baja cualificación o en riesgo de exclusión, promoviendo el contrato de relevo.
