El Ayuntamiento de Málaga se ha comprometido esta mañana a aceptar la sugerencia de la oposición y de las organizaciones de consumo y buscar alternativas al ya famoso recargo municipal en la factura del agua que plantea el alcalde, Francisco de la Torre. En una reunión conjunta celebrada en la sede de Emasa, en el Hospital Noble, el equipo de gobierno se ha mostrado dispuesto a agotar cálculos y estudiar nuevas vías, aunque sin descartar el establecimiento final del canon, que sigue siendo la propuesta en la que más confía para obtener financiación y liquidar la larga lista de obras hidráulicas -hasta 136- que quedan pendientes en el municipio.

Al término de la entrevista, a la que también han asistido los representantes de Facua, Al-Andalus y UCE, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha querido resaltar los puntos en común a los que se ha llegado en esta primera toma de contacto monográfica sobre el asunto, en el que se ha puesto de relieve la necesidad de afrontar las reformas lo antes posible. Y, además, por un itinerario económico diferente al habitual, ya que las obras, al ser de carácter estrictamente local, están excluidas del programa de obtención de fondos impulsado por otras adminitraciones y por la Unión Europea.

Jiménez ha incidido en que, dadas las limitaciones, "no se descarta nada"; ni gravar a los grandes consumidores ni buscar otro tipo de procedimientos, si bien ha dejado claro su escepticismo acerca de la eficacia de esas nuevas fórmulas, que no cree que den un rendimiento lo suficientemente alto como para excluir el polémico punto extra de la factura. "Vendrían a restar del canon, porque 130 millones -el precio total a pagar- no es posible que se obtengan por esas otras vías".

El edil, en cualquier caso, ha aclarado que todavía no se ha abordado posibles cantidades ni se han hecho números. El establecimiento del canon, no obstante, sigue sin seducir a ninguno del resto de partidos con representación, que, al igual que las organizaciones de consumo, lo rechazan en bloque por su incidencia en el bolsillo de los ciudadanos. Tanto el PSOE como Ciudadanos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, han coincidido asimismo en exigir mayor claridad en las cuentas de Emasa, así como conocer en profundidad el destino del dinero recuadado en la ciudad anteriormente con cánones similares.

Precisamente, este último punto, fue de los que cristalizaron en un acuerdo a revisar en la próxima reunión, que tendrá lugar dentro de tres o cuatro semanas. Según confirmó Raúl Jiménez, el equipo de gobierno concurrirá a la cita, y a instancias de la oposición, con la memoria económica de cada uno de estos recargos, que datan de diferentes periodos como 1992 o 2006.

La idea de fijar una cuota en la factura para financiar obras de interés público cuenta con precedentes en otras administraciones, algunos de ellos sonados como el de la Junta de Andalucía, que lo estableció como mecanismo adicional de subvención para construir infraestructuras de saneamiento.

En el caso de Málaga, el dinero se repartiría entre obras de establecimiento y mejora de la red como la sustitución de las tuberías de amianto y la retirada de antiguas canalizaciones.

Daniel Pérez, portavoz de los socialistas, está de acuerdo con la necesidad, aunque propone tres caminos alternativos de respuesta: la incorporación de los proyectos a los programas de crédito reservados para las inversiones sostenibles, el cargo a los grandes consumidores y el control del gasto de Emasa, a la que achaca una inversión desproporcionada en materia de subcontratación de servicios.

El aumento de la fiscalización y la mejora de la gestión de la empresa también forma parte de la receta del resto de partidos, incluido Ciudadanos, que a través de su viceportavoz municipal, Alejandro Carballo, incidió en estudiar también problemas concomitantes como la falta de respaldo en la financiación de otras administraciones públicas. Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, y Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente, ejemplificaron por su parte la postura predominante de la oposición frente al posible recargo en la factura. «No estamos dispuestos a que el equipo de gobierno imponga a los malagueños un nuevo canon de la empresa Emasa para pagar sus derroches», razonó este último.

En lo que se refiere a la polémica tasa, las organizaciones de consumo, representadas por Dolores García, de Facua y Teresa Martínez, de Al-Andalus, también evidenciaron sus preferencias, que pasan indiscutiblemente por abandonar la idea del recargo municipal y trabajar en torno a nuevas posibilidades.