Lo tienen claro. Tanto como para mantener una posición férrea en medio de un debate oscilante, el de la turismofobia, en el que España, y, sobre todo, su economía, se juegan mucho más que un intercambio de verano de golpes y de titulares exclamativos. Los hoteleros de la Costa del Sol, uno de los grupos más influyentes y afianzados de la industria turística, entienden que el problema de la masificación, y la tensión creciente entre veraneantes y vecinos, no admite escaramuzas ni aplazamientos. Y reclama trabajo y solución a las administraciones. Incluso, en Andalucía, donde la conflictividad no ha llegado ni mucho menos a los niveles de fuego cruzado de Baleares y Cataluña.

Para el presidente de la patronal, Luis Callejón Suñé, el origen de la crisis, que, aunque comparativamente amortiguada, ya ha empezado a aflorar en puntos como el centro de Málaga, está en uno de los fenómenos que más portadas ha acaparado en los últimos años en la información del sector: el vertiginoso crecimiento, muchas veces más rápido que la propia ley, de los alquileres vacacionales y los apartamentos turísticos. Una evolución que ha acabado por transformar en poco tiempo tanto la oferta como la propia fisonomía de las ciudades. En muchos casos, sostiene, y pese a la aprobación de la nueva regulación específica -que en la comunidad data de mayo de 2016-, sin que se haya podido anular del todo la amplia y desgobernada existencia de los pisos fuera de control, los llamados clandestinos.

Según los datos de la Junta de Andalucía, la mayoría de los arrendamientos de la región -el 60 por ciento de los dados de alta- se encuentran en la provincia. Callejón pone el acento precisamente en los que no forman parte de esa lista, los que siguen funcionando al margen de la ley. Y cuya persecución, en opinión del responsable de Aehcos, no está resultando tan efectiva como se prometía. En este sentido, reclama un mayor grado de presión. Y apoya su argumento en el fuerte desajuste entre el recuento oficial de turistas y los datos de consumo, que apunta a la presencia de un número mayor de personas que el que recogen las estadísticas. «Todos los meses aparecen miles de viajeros de los que no sabemos nada. Y muchos se hospedan en pisos ilegales, que no se rigen por ninguna norma de calidad y normativa», indica.

La multiplicación acelerada de los puntos de hospedaje, y su incidencia en el espacio, ha llevado en las últimas semanas a comunidades como Baleares, donde la norma ha tardado más en llegar que en Andalucía, a mover ficha. Y, además, con contundencia. Planteando sanciones ejemplares y poniendo límites al crecimiento de las camas turísticas. La patronal de la Costa del Sol no habla ni mucho menos de reproducir a pies juntillas el modelo de las islas -los hoteleros están a favor de racionalizar la oferta general, pero no de reducirla- , pero sí de promover restricciones que rompan con la sensación de barra libre que ahora encrespa a buena parte del sector. «Igual que los hoteles y los apartamentos no podemos abrir donde nos de la gana lo mismo debe ocurrir con el alquiler vacacional. Poner un porcentaje máximo en relación al uso residencial. En el momento en el que se expulsa a los vecinos, empiezan los problemas», razona Callejón.

La polémica en torno al turismo de masas y su sintonía con los residentes se ha convertido en el principal desafío de un sector que avanza por su temporada alta con contrastada solvencia y sin signo alguno de decaimiento. Al menos, en el apartado cuantitativo, donde las semanas se suceden ampliando la ya conocida tendencia al alza. La previsión apunta de nuevo a un récord histórico, con más de siete millones de turistas en la Costa del Sol, un 5,2 por ciento más que en el verano del pasado año.

El alquiler vacacional, pese al revuelo suscitado por su larga convalecencia en el limbo jurídico y el alto nivel de intrusismo, se ha revelado también en una importante fuente de riqueza. De acuerdo con las Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), que agrupa la oferta reglada, el gasto medio por estancia de los turistas que se alojan en este tipo de pisos es de 477 euros, superior ya al que se da en otras fórmulas de hospedaje como los propios hoteles. El colectivo aduce además que muchos de los clientes son compartidos, por lo que no se puede hablar de un perfil más problemático -la estadística alude a un turista que viaja mayoritariamente en familia y principalmente extranjero-.

Desde que irrumpieron las críticas, el sector del alquiler ha insistido en diferenciar claramente entre los arrendamientos reglados y gestionados por profesionales y los que operan sin control, para los que exige también que se aplique la normativa. La ley aprobada por la Junta de Andalucía obliga a los propietarios y gestores de las viviendas a comunicar su uso e inscribirse en un registro autorizado, prohibiendo toda clase de actividad e, incluso, de publicidad, para los que no formen parte, con su correspondiente código, del inventario oficial.