El Juzgado de lo Penal número 9 de la capital ha absuelto a dos empresarios con negocios en Marbella de los delitos de receptación, estafa y falsedad en el marco de la operación Picolino, una macrooperación liderada por la Udyco de Málaga que supuso en febrero de 2010 un importante revuelo mediático con decenas de registros y numerosas detenciones para desmontar una supuesta trama de venta de coches de alta gama sustraídos previamente.

Uno de los arrestados era un importante empresario marbellí con un concesionario floreciente cuyos negocios saltaron por los aires cuando la Udyco registró su sede en febrero de 2010. A este empresario, llamado Claudio Nicoletti, se le acusaba de receptación, estafa y falsedad. Este italiano estaba acusado de vender coches de lujo supuestamente sustraídos en otros países de Europa, aunque el juez desecha que el encausado, ahora absuelto, «conociera la previa sustracción en Italia (se refiere aquí el juzgado a una operación concreta) o que participara de forma alguna en la alteración de datos de la documentación con el objeto de aparentar una situación de legalidad, ni que tuviera conocimiento de ello en la intervención que tuvo en el desarrollo de la gestión». Entre los vehículos había Mercedes, Aston Martin o Ferrari.

En su día, Picolino fue considerada como la operación más importante de Europa contra el tráfico ilegal de coches de alta gama, con más de dos decenas de imputados, 20 tomos de sumario, etcétera€ pero todo ha quedado en agua de borrajas. El juez de lo Penal llega a decir: «En el presente caso es de advertir, si no un absoluto vacío probatorio sí, al menos, un resultado tan débil de la actividad probatoria finalmente desarrollada en el acto del juicio oral, en virtud del cual, la presunción de inocencia que ampara a dichos acusados resulta incólume». Finalmente, sólo dos empresarios llegaron a juicio tras casi seis años y medio de espera y han sido absueltos.

En la operación, dice el juez encargado del enjuiciar el caso, «llegaron a acordarse intervenciones telefónicas, prórrogas, ceses y nuevas altas, investigaciones patrimoniales, bloqueos de cuentas y prohibiciones de disponer que recayeron sobre bienes inmuebles o productos bancarios, así como entradas y registros».

«Cuestión de fe»

En su informe final, el abogado Javier Muriel señaló: «Se realizaron registros, detenciones que desembocaron en prisiones provisionales, se intervinieron decenas de coches, decenas de teléfonos, se congelaron ingentes medios del Estado para una investigación nacida de una mentira, una mentira a la que ni el ministerio fiscal ni el juez instructor concedieron la más mínima duda, muy al contrario, y lejos de cumplir con su labor, creyeron a la policía como una cuestión de fe a pesar de la infinidad de pruebas de descargo presentadas por esta parte».

Periciales

Una de las periciales se centró en el análisis de los sellos encontrados en las instalaciones de otro concesionario marbellí que eran fotocopias y que probarían el delito de falsedad, pero en su informe el autor recalca que analiza, precisamente, «una mera fotocopia y es imposible afirmar la falsedad o autenticidad del documento» y, recuerda Muriel, estos documentos no tienen valor probatorio por no gozar de garantías «en cuanto a manipulación y carecen de autenticidad». La sentencia, por cierto, ya es firme, dado que no ha sido recurrida ante ninguna sección penal de la Audiencia Provincial de Málaga.