José María Páez fue elegido en junio juez decano de la capital por tercera vez con un apoyo masivo de sus compañeros. Tras ocho años en el cargo, analiza en esta entrevista los retos que aún le quedan por delante a la Justicia malagueña y el camino recorrido en un tiempo en el que la crisis ha provocado que haya escasez de medios materiales y humanos, lo que ha coincidido con la puesta en marcha de importantes innovaciones digitales.

¿Cuál es el gran proyecto para los próximos cuatro años?

Mejorar las condiciones laborales de los jueces de Málaga y de la situación de la Justicia. Hemos estado en un periodo de crisis de ocho años, que ha exigido grandes esfuerzos, también económicos. Se produjo una bajada de sueldos sin precedentes y, sin embargo, se ha trabajado muy duro para que no aumentara el retraso. Ese es el gran objetivo, que recuperen sus condiciones laborales y la Justicia en Málaga mantenga sus niveles de calidad mínimos exigibles.

¿De qué se quejan sus compañeros?

La gran queja es que somos muy pocos. Hay mucho trabajo en una ciudad como Málaga, y esas cargas influyen en una gran saturación. Se quejan de la gran cantidad de trabajo.

¿Cuántos jueces hay en Málaga y cuántos debería haber?

Yo siempre vengo manteniendo una cifra desde hace años, nos harían falta 30 jueces más. Ahora mismo somos 90 sin la Audiencia, me refiero a los órganos unipersonales. Harían falta 30 más para que aquí se pudiera desarrollar un trabajo con las mínimas condiciones, para afrontar con una cierta garantía el tiempo y los señalamientos.

¿Cómo afecta la corrupción a la labor del juez?

Son casos que tienen una gran complejidad, pero los órganos de Instrucción actúan con bastante solvencia, porque van bien, y la respuesta que se dio desde los primeros casos ha sido adecuada y seguimos en esa línea.

Parece que ha pasado la época de los macrocasos...

No lo sabemos, eso va a depender mucho de lo que se investigue, de lo que la policía descubra, lo que sí creo es que se ha transmitido un importante mensaje: la corrupción no sale gratis. Se tarda más o menos tiempo, pero se acaba descubriendo o condenando.

¿Cree que los jueces han recuperado prestigio entre los ciudadanos por su postura sobre las cláusulas suelo y las participaciones preferentes?

Yo no creo que sea un tema de recuperar prestigio, sino que los jueces nos limitamos a cumplir lo que dice la ley, antes y ahora. A veces la ley hay que interpretarla, no hay una sintonía entre lo que se decide y lo que la gente espera que se decida, pero nos mantenemos siempre fieles al principio de legalidad.

Los ciudadanos se quejan de los tiempos de respuesta...

Y nosotros también. Nosotros queremos dar una respuesta de calidad, eso significa tanto en el contenido como en el tiempo. Si los derechos no se pueden ejercitar en tiempo, no están amparados. Somos los primeros insatisfechos, y entendemos esa queja.

Le decía lo del prestigio de los jueces por casos tan mediáticos como el de Juana Rivas. Aquí, por ejemplo, no se han respetado las resoluciones judiciales...

En estos casos lo que hay que hacer es informarse bien, el que ha querido informarse ha tenido la oportunidad de hacerlo y al final uno tiene que ceñirse a lo que dice la ley y lo demás son historias que se lanzan de manera interesada. Es un tema que está sub iudice, no lo conocemos en profundidad como para dar una opinión, pero hay varios elementos muy complicados.

¿Cómo podría acercarse más la Justicia al ciudadano?

La mejor manera es que funcione correctamente. Esa es la mejor manera. Si hay que hacer una labor pedagógica explicando determinados casos que o no se entienden o no se quieren entender, no se ajustan a las expectativas que se tienen, habrá que hacerlo. Estamos en una sociedad en la que se informe del último minuto en el minuto siguiente, sin reflexión, sin analizar las cosas, y muchas veces de manera precipitada. A lo mejor ese proceso reflexivo, de comprensión, de explicar las cosas, la gente lo entiende. Tampoco es tan difícil.

¿El juez se siente presionado por la opinión pública?

Su función es ejercer su labor con esa y con cualquier presión.

Ha mejorado la relación con los abogados, según parece...

La relación con los abogados siempre ha sido buena. Es lo que digo siempre, trabajamos juntos. No hay posibilidad de que la relación sea mala, porque entonces no funciona la Administración de Justicia. Desde ese punto de vista, es lo que hemos mantenido siempre. Ahora, cada uno tiene sus intereses colectivos particulares y lógicamente se respetan y se comprenden, pero debemos seguir el camino que nos marca la ley.

Ellos se quejaban de las suspensiones de juicios...

Cuando hay tal avalancha de juicios tenemos que señalarlos y, desde luego, no queremos poner más juicios de los que podemos celebrar. Un abogado puede venir a un juicio que tenga señalado a una determinada hora, pero nosotros estamos aquí toda la mañana. Somos los primeros interesados en que los juicios se celebren a su hora, tanto por los abogados como por las partes, los peritos y por nosotros mismos. No hay interés en fastidiar a nadie.

Muchas veces se llega al acuerdo en el mismo juicio. ¿Se está haciendo algo para que esto ocurra antes de la vista?

Bueno, siempre es deseable que haya acuerdos, sobre todo cuando las materias que se discuten son susceptibles de ello. Siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Pero a veces no es posible. Cuando no queda más remedio, el juicio es la solución.

¿Continúan los juzgados de Violencia sobre la Mujer sobrecargados?

Siguen en un retraso importante para lo que quisiéramos. Se tarda mucho en celebrar los juicios, pero en eso estamos trabajando, hemos puesto refuerzos. Aquí empezó uno y se añadió otro. Ahora hay cuatro jueces en ese tema. Están haciendo lo que pueden, pero hay mucho papel y muchos juicios pendientes de celebrar.

LexNet funciona a pleno rendimiento, aunque con problemas puntuales...

LexNet está funcionando, con todos los problemas que conlleva la implantación de un nuevo sistema en relación con la forma de trabajar que teníamos, eso ha generado una forma diferente de trabajar. A pesar de eso, pues se está haciendo un esfuerzo importante, no sólo es el cambio de mentalidad, sino que se pongan todos los medios técnicos, la renovación de equipos, y que todo el mundo, todos los que participan, adopten una manera de trabajar diferente, que a lo mejor están asumiendo ya en su vida diaria, porque ya cualquiera está usando nuevos sistemas de comunicación. Hemos hecho una importante apuesta para que esto salga adelante, estamos trabajando en el expediente digital, en todas las jurisdicciones hay juzgados pilotos con el expediente digital judicial.

¿Cuántos juzgados desarrollan el expediente digital?

Hay cinco juzgados. Hay uno en Instrucción, otro en Primera Instancia, en Contencioso-Administrativo, etcétera… Va saliendo la cosa. Es el futuro, es irreversible, y mi opinión es que eso se va a implantar sí o sí, pero no es fácil porque hay que poner a mucha gente de acuerdo, trasladarle a los técnicos cómo queremos que sea el expediente. No es fácil y es costoso. Hay que tener paciencia.

¿Viene a Málaga la Sala de lo Penal del TSJA?

Deseamos que venga a Málaga, a partir de ahí cumplimos nuestra misión que era que el TSJA dictara el acuerdo en este sentido y ahora depende del consejo. Todo lo demás, la gente opina o desea, pero el cauce es ese.

¿En qué perjudicará eso a Málaga?

Los juicios se verían en Granada. Esa es la cuestión. Entendimos que Málaga debe tener una Sala de lo Penal como la tiene de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo. No tiene nada que ver con la capital judicial de Andalucía.

En Granada hay un movimiento civil para evitar que se desplacen salas de lo Penal...

En Granada es una especie de afrenta a todo el municipio. Aquí hemos recibido los apoyos de las instituciones, es un tema que no pensábamos fuera a tener esa combatividad fuera de Granada, porque desde hace años tenemos salas desplazadas, al igual que Sevilla. Eso contribuye a sentir el TSJA como un órgano propio de toda la comunidad autónoma, no entendemos esa oposición frontal que se ha producido como si fuera un agravio de querer quitarles la capitalidad judicial. La Sala de Gobierno y la Presidencia siguen allí y van a contar con una Sala de lo Penal.