La polémica del cierre del parking público de la Ciudad de la Justicia, para destinarlo únicamente al personal que trabaja en el edificio, sigue levantando airadas reacciones entre muchos de sus potenciales usuarios. Si el jueves los abogados y los procuradores se despacharon a gusto contra la decisión de la Junta de suprimir el uso público de 260 de las casi 750 plazas que había en el exterior, ayer fueron los graduados sociales malagueños quienes aseguraron que el próximo 4 de septiembre habrá incidencias en el inicio de las vistas judiciales.
«¿Por qué se ha tomado esta decisión en el mes de agosto sin la más mínima comunicación a los colectivos profesionales que diariamente prestamos servicio en la Ciudad de la Justicia?», se preguntó ayer el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares.
Fernández aseguró que los graduados sociales no comprenden esta decisión, ya que «se trata del cierre de una parcela municipal cedida a la Consejería para utilizarla con criterio y en beneficio de todos los usuarios de la Ciudad de la Justicia. No se puede pensar en tener un aparcamiento para cada funcionario».
El máximo representante de los graduados sociales en Málaga y Melilla quiso recordar a las autoridades administrativas que los profesionales jurídicos forman parte de la Ciudad de la Justicia todos los días del año.
En este sentido, remitieron varios escritos a los responsables de la administración de Justicia en Andalucía y Málaga reiterando el compromiso de los graduados sociales con la justicia, la colaboración permanente en todas las medidas que puedan mejorar la administración y solicitando la operatividad de las casi 360 plazas de aparcamiento, «porque no pueden olvidar que los profesionales y operadores jurídicos somos parte de la administración de Justicia», precisó.
Los abogados y los procuradores han anunciado medidas de presión contundentes si la Junta no da marcha atrás en su postura y permite que todo el mundo aparque en ese parking.
