El volumen de inmigrantes llegados en patera este año alcanza la preocupante cifra de 977, cifra que duplica la del mismo periodo del año pasado, cuando fue de 503. Datos que evidencian que al otro lado del Estrecho de Gibraltar los problemas se multiplican cada día y que no hay valla ni fronteras que puedan con la desesperación humana.
Ante estas cifras, que ya el año pasado empezaron a aumentar, Cruz Roja inauguró en mayo un centro de atención a inmigrantes y refugiados en Málaga, donde la entidad solidaria les provee de alimentos, higiene, y trata de insertarlos en la sociedad mientras se resuelve su situación jurídica. Hasta la fecha los enviaban a otros centros, como el de Algeciras o el de Puente Genil. Además de esta necesidad, la entidad ha detectado la de tener un espacio en el Puerto de Málaga con el que atender de manera digna a los inmigrantes. petición que ya han hecho a la Subdelegación y a la Autoridad Portuaria y que esperan que se resuelva este año.
El responsable provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, admite que la llegada cada vez más frecuente de pateras a nuestras costas obedece a varias causas. «Son múltiples aunque, sin duda, la falta de oportunidades vitales para jóvenes y familias centroafricanas empuja a miles de ellos a buscar como salida el tránsito a Europa y si le sumamos el freno migratorio en el Mediterráneo Oriental podemos encontrar algunas respuestas a este incremento», agrega el responsable que cree que la búsqueda de un futuro lejos de la violencia y cerca del Estado de Bienestar hace que vean España un sueño por alcanzar.
La apertura del centro en Málaga hace escasos cuatro meses les supone una ayuda facilitadora de la integración. «Los centros de acogida para inmigrantes son espacios de estancia y atención para aquellas personas que han llegado a la península de manera irregular en pateras y presentan una especial situación de vulnerabilidad: madres con hijos, discapacitados, enfermos», recuerda el responsable de Cruz Roja Málaga, que indica que en este centro se les enseña castellano, derechos y también deberes además de recursos específicos. «Estos centros amortiguan la llegada y el acomodo de estas personas, en situaciones vitales muy complejas y mejoran la integración y adaptación en la sociedad de acogida», señala Linares.
El Centro de Humanitaria nace, precisamente, en respuesta a esa necesidad de acogida. Cruz Roja gestiona desde hace años el traslado del Puerto y, cada vez en más ocasiones, se encontraban con gente que no quería viajar, sino quedarse. «Era una necesidad», agrega el responsable provincial del programa de Atención a inmigrantes y refugiados, David Ortiz.
La intención de la entidad solidaria no es otra que crear una red que cubra las carencias más básicas de estas personas, proporcionándoles comida, aseo y ayudándoles si tienen algún problema de salud.
Los usuarios pueden estar un máximo de tres meses, aunque se puede renovar la estancia. «No es un centro pensado para que puedan tener un arraigo», agrega Ortiz, que explica que muchos de estos inmigrantes están en España de paso, no siendo nuestro país su destino final.
La ocupación del mismo suele estar al 100% en lo que respecta a la ocupación de las veinte plazas con las que cuenta, dando prioridad a personas enfermas, mujeres con niños y embarazadas. Pese a que el máximo permitido es de un trimestre, la media de usuarios no supera las tres semanas de estancia. «La gran mayoría no tienen intención de quedarse, bien porque cuando llegan su situación es más precaria, bien porque necesitan recuperarse de la travesía», señala el responsable del centro, que explica que muchos de ellos necesitan unos días para ponerse en contacto con sus redes de apoyo, las que les acogerán o proporcionarán un medio de vida en otro lugar del continente.
En lo que respecta a la nacionalidad, en los últimos tiempos la mayoría de estos proceden de países subsaharianos de Mali, Guinea Conakry- aunque también de Marruecos, donde la situación se ha recrudecido en los últimos tiempos-.
Una vez que una patera llega a España, antes de ser trasladados a un centro de acogida pasan por la Comisaría, donde a menudo les proporcionan un decreto de expulsión que la mayoría de veces no se materializa.
Protección internacional
Parte de la responsabilidad de que esto ocurra es que últimamente muchos están solicitando protección internacional, lo que bloquea la devolución. «España tiene la obligación de estudiarlo antes de deportarlos», señala David Ortiz. Aunque no pidan asilo, muchas veces el decreto de expulsión no se materializa por causas desconocidas, aunque parte de ello es que el país de procedencia debe reconocerlos y, si van indocumentados, no puede saberse de dónde vienen. A pesar de ello, España tiene firmados acuerdos de devolución con una serie de países pero, tal y como afirma Ortiz, se trata de acuerdos «limitados».
Si consiguen quedarse, la traba que encuentran es administrativa, pues deben estar tres años en un mismo sitio, demostrando arraigo, para entonces poder solicitar el permiso de trabajo. «Se encuentran en un limbo, la situación es compleja porque no pueden trabajar desde el punto de vista legal», apunta el responsable provincial del programa de Atención a inmigrantes y refugiados.
Pero, ¿que no puedan solicitar permiso de trabajo no puede suponer que caigan en prácticas ilegales o incluso la delincuencia? «Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Vemos cómo crecen mercados alternativos, en negro y algunos, por desgracia, caen en manos de redes mafiosas como las del top manta», señala el experto, que admite de que se trata de un laberinto «insano» que, en parte es una medida de protección hacia el país para proteger el mercado laboral pero, por otro, mete a la sociedad en una situación de riesgo «que no está bien calculada». A juicio de Ortiz, con ella se multiplican mercados alternativos e ilegales que incrementan el riesgo y la desigualdad.
