De la Torre levantó un reparo del interventor a una factura de 199.000 euros a pagar a FCC

En el decreto de alcaldía, al que tuvo acceso este periódico, se recogen las reflexiones del interventor en su reparo, fechado el 29 de diciembre de 2016 relativo a esta factura. El habilitado nacional aseguraba que «las prestaciones de referencia se han efectuado sin haberse tramitado, previamente, el procedimiento establecido por el Ayuntamiento para la tramitación de la contratación para la correspondiente factura». Por ello, se formula nota de reparo «motivada por la omisión de requisitos o trámites esenciales».

En el segundo punto del decreto de alcaldía (de 4 de enero de 2017), se explica que «tales facturas se encuentran debidamente conformadas de acuerdo con lo exigido en la Base 13ª de Ejecución Presupuestaria, y se hace constar, en escrito del teniente de alcalde delegado del Área de Sostenibilidad Medioambiental, que los precios facturados se adecuan a los de mercado».

En el tercer punto, el regidor destaca que, al día de la fecha (4 de enero de 2017), existe consignación suficiente «en el presupuesto para hacer frente al gasto generado por las presentes facturas». En un escrito del 29 de diciembre de 2016 que hace el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se indica que «las facturas carecen del oportuno expediente de contratación debido a que la tramitación del nuevo expediente se inició a instancias de este área en enero de 2016, y el desarrollo de su cronología se ha visto afectada por la posterior presentación de varios recursos a los pliegos de condiciones, así como el estudio de numerosas ofertas presentadas». Por ello, no se había podido proceder al pago.

El 23 de diciembre de 2016, el teniente de alcalde de Sostenibilidad Medioambiental propuso el levantamiento del reparo, a lo que accede el regidor en su decreto. «Concurren en el expediente tramitado circunstancias excepcionales que justifican la aprobación de las facturas de referencia, ya que de no hacerse provocaría un grave perjuicio económico a la empresa que prestó correctamente sus servicios, lo que produciría además un enriquecimiento injusto para este Ayuntamiento», consigna el regidor en el decreto, en el que dispone convalidar, con carácter excepcional, «el gasto y subsiguiente pago de las facturas reseñadas».

Denuncia del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Pérez, señaló: «No hay excusa ni justificación para saltarse los procedimientos e incurrir en una serie de ilegalidades para pagar facturas de este tipo».

«La Ley y los procedimientos están para cumplirse, ya hemos vivido la época de Gil y la Gürtel como para tener que aceptar estas actitudes y conductas», reseñó el portavoz socialista.

Raúl Jiménez, edil de Sostenibilidad Medioambiental, por su parte, señaló que el contrato de Parques y Jardines acabó el 30 de agosto de 2016 y, desde entonces, «hemos estado más de un año con facturas sin expedientes», pero el concejal lo explica afirmando que el procedimiento fue suspendido cautelarmente por un juzgado,y que el contrato ya se había prorrogado todo lo que la ley permite (cuatro más dos años). «Eso hizo que llegáramos a un acuerdo entre el Ayuntamiento y las tres empresas que tenían la concesión, FCC, Althenia y Talher, respetando escrupulosamente las recomendaciones de la Asesoría Jurídica municipal», precisó. Ese acuerdo permitió «respetar las mismas partes del concurso, porque las zonas verdes, por el interés general de la ciudad, se debían seguir manteniendo».

Asimismo, señaló que en el acuerdo se respetaron las mismas condiciones del concurso, siguiendo las indicaciones de los técnicos, «y el documento dio validez legal a que estas empresas siguieran trabajando». «Tras mayo de 2016, el mantenimiento de las zonas verdes tenía que seguir», subrayó, para insistir: «Llevamos más de un año entero con facturas sin expedientes, además todo el mundo sabe que estaban suspendidas por un juzgado».