Es como la paga extra de verano o Navidad. O como si les hubiera tocado el cupón de la ONCE o la Lotería Nacional. Muchos de los ayuntamientos de la provincia y la Diputación Provincial recibirán un dinero extra una vez que el Ministerio de Hacienda ha efectuado la liquidación definitiva del sistema de financiación local del ejercicio fiscal 2015 -siempre se realiza a dos años vista-. En esa revisión, se plasma qué consistorios y diputaciones han de reintegrar fondos a Madrid o, por el contrario, si es el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que debe compensar a las administraciones locales, según lo que recaudaran en base a unas previsiones. Si se recaudan impuestos de más, el saldo sale favorable.
Así, según los datos del departamento que dirige Cristóbal Montoro, los ayuntamientos malagueños recibirán un total de 45.030.050 euros, dinero que hay que sumar a los 6.802.740 euros que ha de ingresar la Diputación Provincial de Málaga, gobernada ahora por el PP. La suma es, por tanto, de 51,83 millones de euros, un saldo muy favorable para las sufridas arcas de los ayuntamientos y de la entidad supramunicipal. El sistema, por tanto, ha revelado que el Ejecutivo transfirió a este grupo de ayuntamientos menos fondos de los que legalmente les habría correspondido para atender sus necesidades. En esta situación se encuentran, además de la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, que deberá ingresar más de siete millones de euros, el Consistorio de Marbella, que ha de ingresar 883.799 euros, Mijas, que debe percibir 453.955 euros y Vélez Málaga, que tiene que registrar la llegada de 469.795 euros.
Hay otras ciudades malagueñas de menor tamaño que también ingresarán sumas importantes de cara a sus recursos: en esta situación se hallan Benalmádena (354.504 euros), Antequera (307.646 euros), Fuengirola (956.878 euros) o Rincón de la Victoria (367.007 euros). En total, son 67 las entidades locales que recibirán una inyección monetaria del Ministerio de Hacienda por haber recaudado más de lo previsto legalmente.
Por otro lado, un total de 33 administraciones locales serán las que tendrán que reintegrar dinero al Estado, ya que el Gobierno les adelantó más dinero del que finalmente les ha correspondido. En total, habrán de devolver 226.191 euros. Entre esas localidades se encuentran Alameda, que habrá de devolver 65.202 euros, Arenas, que ha de reintegrar 15.158 euros, Cortes de la Frontera, con 12.011 euros, Valle de Abdalajís o Totalán.
¿Por qué el sistema funciona así? La explicación es la siguiente: cada año, cuando el Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado determina los fondos que transferirá ese ejercicio a las entidades locales en función de una serie de parámetros. Entre ellos, la previsión económica del país y la población.
El proyecto de las cuentas debe aprobarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado y, una vez recibido el visto bueno, el Ministerio de Hacienda procede a abonar las cantidades consignadas mes a mes a través de las llamadas entregas a cuenta.
Suele ser dos años después (habitualmente a lo largo del periodo estival) cuando se liquida ese sistema. Es decir, los técnicos determinan si se asignaron las cantidades correctas a las entidades locales o, por el contrario, hubo un error de cálculo y se produjo un desfase. Este último extremo es el que suele darse con bastante frecuencia. Es decir, si los ayuntamientos consiguieron recaudar más dinero del que previó el Gobierno central y se les compensa o, por el contrario, si ingresaron menos y han de devolver la suma que se les abonó de más.
De cualquier forma, el Gobierno tiene entre sus prioridades la reforma de la financiación de las entidades locales del país y de todas las diputaciones provinciales. Así, el pasado marzo se conformó la Comisión de Expertos que habrá de remodelar el sistema o, por lo menos, hacer las propuestas pertinentes que vayan en esa dirección, un órgano conformado por catedráticos y profesores de las disciplinas jurídica y económica. En total, cuenta con diez miembros, cinco de ellos propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El resto fueron nombrados por la Administración General del Estado. También se ha creado otra comisión para la financiación autonómica.
