La Junta de Andalucía mostró ayer su respaldo a la idea lanzada por el Foro de Turismo de Málaga para controlar la proliferación de los apartamentos ilegales, y que, como ya informó este periódico, consiste en denunciar ante la Fiscalía a las plataformas que anuncien pisos que no estén dados de alta en el registro de la administración.

Preguntado por la cuestión en Torremolinos, el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, adelantó que el Gobierno andaluz apoyará la medida, al igual que cualquier otra acción «que vaya en favor de eliminar la clandestinidad». Además, insistió en que ningún destino puede depender únicamente de las viviendas de finalidad turística, que, a su juicio, deben ser «una fórmula alojativa que complemente a la hotelera».

Para el titular de la Consejería andaluza de Turismo, los pisos vacacionales son gestionados por una o dos personas «y no queda como esa organización que tienen los hoteles». En este sentido, explicó que una persona «puede decidir cerrar y eso puede mermar» la oferta.

Por ello, Fernández indicó que estas viviendas, «si están dentro del juego justo y leal, pueden tener éxito», y abogó por luchar contra las que funcionen fuera de la legalidad. A su juicio, la clandestinidad conlleva «competencia desleal, destrucción de empleo y falta de compromiso social».

«Hay que buscar y hacer todo lo posible por acabar y luchar contra el fraude pero mantener la calidad de lo que queremos tener», afirmó el consejero, quien recordó que la Junta de Andalucía aprobó precisamente su decreto «para que la oferta alojativa tenga unos mínimos de calidad y que no haya competencia desleal».

Francisco Javier Fernández añadió que su departamento está intentando «por la vía de consumidores y el incumplimiento que llega de empresarios y vecinos» erradicar las viviendas clandestinas, incidiendo en que existe un decreto que dice con claridad «qué es y qué no es» una vivienda de finalidad turística.

Acerca del incremento en el número de plazas de viviendas turísticas, el consejero apuntó que actualmente existen nuevas formas de viajar y de alojarse y nuevas preferencias entre las familias. A su juicio, las viviendas con fines turísticos responden a esos nuevos modelos y «tienen que convivir con el tradicional y también jugar con las mismas reglas».

Todo ello para, reiteró, evitar la competencia desleal y garantizar la calidad de la oferta alojativa de Andalucía. En este sentido, apostó por perseguir y expulsar del mercado a aquellos que deciden quedarse fuera de estas normas de juego, que deben ser «iguales para todos».

Según los datos del Ayuntamiento de Málaga, la capital de la provincia cuenta con alrededor de 11.000 plazas en este tipo de alojamientos, la mayoría ubicadas en el centro histórico.

Frente a esta concentración, el Foro de Turismo, que aglutina a buena parte del sector, cree que hay que poner en marcha nuevas medidas que consigan equilibrar la oferta de viviendas de uso turístico a fin de preservar la calidad y competitividad de la marca. De acuerdo con el colectivo, la multiplicación de pisos de este tipo ha provocado una subida de los precios del alquiler que está perjudicando a muchos vecinos y, además, supone una grave competencia para los hoteleros, ya que son apartamentos que cobran en negro.