La parlamentaria andaluza del PSOE y secretaria de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento de Andalucía, María de las Nieves Ramírez, ha destacado que la nueva ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía "blinda los derechos y garantiza la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".
Ramírez ha visitado junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, la Asociación de Familiares con Enfermos de Esquizofrenia (Afenes), y ha rechazado las críticas del PP.
Así, ha incidido en que en el ámbito formativo y del empleo la ley aprobada esta semana en el Parlamento de Andalucía establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al diez por ciento del número de plazas para personas con discapacidad.
El cupo actualmente es del siete por ciento, ha recordado, añadiendo que "Andalucía será la primera comunidad autónoma en fijar ese diez por ciento".
Además, ha señalado que como novedad se reserva por primera vez el uno por ciento de puestos para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se reservará el cinco por ciento frente al tres por ciento que proponía el proyecto de ley.
También se reservará al menos el cinco por ciento de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, ha sostenido la socialista, quien ha criticado que el PP haya sido "el único grupo que se ha desmarcado del acuerdo y ha votado en contra de esta ley". "Nadie entiende que el PP diga no a una de cada cuatro familias malagueñas", ha lamentado.
Esta ley, a su juicio, "mejorará la calidad de vida de los destinatarios de esta norma, las más de 720.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía, de las cuales el 61 por ciento son mujeres, casi el diez por ciento de la población".
Según Ramírez, la nueva ley cuenta con una ficha presupuestaria de 1.300 millones de euros "para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible, promoviendo la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género, entre otras".
La nueva norma prevé igualmente el derecho a la atención infantil temprana, de cero a seis años, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.
Una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.
